V. --prefiere que no trascienda su nombre completo-- es funcionario de prisiones desde hace 24 años y en toda su trayectoria asegura no haber sufrido una agresión como la de este pasado viernes. Cuatro compañeros, entre los que se encontraba él, fueron víctimas esta pasada semana del último suceso violento que se ha producido en la cárcel de Cáceres. Todos ellos fueron agredidos por un interno al que trasladaron desde León al centro penitenciario para que compareciera en un juicio que tenía señalado en Plasencia.
En el traslado de un módulo a otro, el preso, catalogado como conflictivo, golpeó a los trabajadores que esta semana se recuperan de las secuelas físicas. «Me rompió las gafas y me mordió la mano», recuerda V. mientras muestra el apósito que resguarda la herida.
Ya recuperado del susto, lamenta haber sido víctima de una situación que podría haberse evitado y critica que su comparecencia en el juicio no se haya realizado por videoconferencia debido a que según apunta, la prisión cacereña no está acondicionada para acoger a este tipo de presos.
Precisamente, para mostrar su repulsa ante agresiones como la de este pasado viernes, alrededor de un centenar de funcionarios de prisión se concentraron ayer por la mañana en las puertas del centro penitenciario.
En declaraciones a este diario, manifestaron su hartazgo ante una situación que según su testimonio, es sostenida en el tiempo y se agrava. Relatan, de esta manera, que su realidad diaria se ha vuelto insostenible debido a que, por un lado, se sienten desprotegidos y por otro, no pueden desempeñar su labor con seguridad debido a la escasez de la plantilla.
Esta última demanda no es nueva. Desde hace años, los sindicatos han denunciado la situación que se repite en las prisiones a nivel nacional, entre ellas la de Cáceres, porque según exponen, las cifras de funcionarios no se ajustan a la Relación Puestos de Trabajo (RPT).
En ese sentido, aseguran que en el total de trabajadores en plantilla se encuentra una parte en segunda actividad, es decir, que solo desempeña una labor administrativa y no está en contacto con los internos, y otra parte se encuentra en periodo de prácticas.
También denuncian que no se han cubierto las plazas de sanitarios después de que se jubilaran los que estaban contratados y que ahora desarrollan su labor dos interinos en horario de lunes a viernes. De la misma manera, ponen de manifiesto que tampoco hay personal contratado en cocina, sino que estas funciones las realizan los propios internos.
Esta situación, unida también al envejecimiento de la plantilla --supera los 50 años--, provoca que los trabajadores sean vulnerables ante situaciones de violencia. Estiman que en el último año han lidiado con al menos un incidente violento al mes, gran parte peleas o agresiones de presos, cada vez más frecuentes.
