El Periódico Extremadura

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fue una promesa electoral de salaya antes de llegar a la alcaldia de cáceres

El bloque C de Cáceres se derribará tras doce años tapiado

Sale a licitación la redacción del proyecto para demoler el edificio de Aldea Moret por 37.000 euros. El anterior gobierno planteó la opción pero la desechó por su elevado coste

Imagen del bloque C de Aldea Moret. FRANCIS VILLEGAS

El bloque C de Aldea Moret se derribará tras más de una década tapiado. Su demolición fue una promesa electoral del actual alcalde Luis Salaya, de hecho, aseguró que se materializaría el primer mes de su legislatura. Finalmente, tras años de silencio al respecto y a primera hora de la tarde este jueves, el ayuntamiento ha sacado a licitación la redacción del proyecto para el derribo del edificio en la calle Ródano.

Según ha hecho público el consistorio, las empresas interesadas en presentar su candidatura pueden hacerlo hasta el 14 de octubre. Lo que ha salido a concurso corresponde al estudio de seguridad, dirección facultativa y coordinación de seguridad de las obras. El contrato cuenta con un presupuesto de 37.500 euros y un plazo de ejecución de 180 días (seis meses).

De esta forma, si el proyecto se adjudica en octubre, el proyecto deberá estar redactado antes de abril de 2023. A partir de ahí, se podrá ejecutar el proceso de demolición. En ese sentido, Salaya ha avanzado que una vez que se derribe, se llevará a cabo un proceso participativo para diseñar el espacio que quedará cuando se derribe.

El bloque C ha sido el edificio más conflictivo de la ciudad. Fue levantado en el año 1987. Formó parte de un proyecto fallido a nivel político y social en el barrio de Aldea Moret. Tras años siendo escenario de vandalismo y violencia, fue desalojado también en un compromiso municipal de la entonces alcaldesa Carmen Heras y tapiado en 2010. Desde entonces se ha especulado sobre si debía derribarse o no y se mantiene en estado de ruina y abandono.

El último intento se fraguó durante el gobierno de Elena Nevado. Los vecinos pidieron en 2018 que se incluyera su derribo en los presupuestos participativos y el consejo de distrito elaboró un informe para calcular el gasto que supondría estimado en 900.000 euros. Finalmente, se desechó la idea.

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