La polémica se desató hace unas semanas. La Iglesia asignó a un cura condenado por pornografía infantil en las parroquias de Almoharín y Valdemorales. El debate mediático no se hizo esperar. Mientras los vecinos han hecho pública en los últimos días su contrariedad ante el nombramiento, la diócesis ha defendido su decisión. Los alcaldes de ambas localidades ejercen de mediadores y se han desplazado a Cáceres aunque sin concretar si lo que sus pueblos quieren es que se cese al párroco. De momento, Almoharín, la localidad más poblada, con 1.200 habitantes, sí ha reconocido preocupación y lo ha manifestado incluso con pintadas de ‘pederastas’ en la casa parroquial.
Al margen de la visión de las dos partes implicadas, este diario ha contactado con el psicólogo Alberto Blanco Pacheco, especializado en temas de violencias con menores. Ha ejercido como perito en numerosos casos relacionados con violencias sexuales a menores en Extremadura.
A preguntas de este rotativo, el experto pone de manifiesto que en este asunto «el problema no es la rehabilitación, es la confianza». Añade que con la decisión de la diócesis, se está «obligando a unos padres a que compartan un espacio con una persona que genera dudas» y esta situación, sostiene, puede acarrear secuelas a nivel mental o desajustes en las familias. «No es un tema baladí porque no estamos hablando de fumar o beber, estamos hablando de pornografía infantil».
«Educar y guiar a menores exige ejemplo y líneas que no deben traspasarse y aquí esas líneas se han roto para siempre»
«La respuesta objetiva a si se puede rehabilitar es sí, ahora, hay una probabilidad de que haya una recaída de un 10% y 15%, científicamente sí se puede pero habría que valorar el riesgo». Al margen, se muestra claro. «Desde un punto de vista sociológico la convivencia comunitaria debe pesar más que la religión y que la sentencia, ética y moralmente no debería trabajar con niños, exponerlos a la presencia de esta persona incrementaría el riesgo a sufrir futuros problemas de salud mental».
Precisa, en esta línea, que «la psicología no trabaja sobre certezas absolutas, trabaja sobre miedos» y esta persona «no genera ni calma, ni apego, ni tranquilidad», por tanto a largo plazo, puede generar cuadros de ansiedad «en el mejor de los casos».
Las parroquias ya han asegurado que en ninguna Ignacio Lajas, condenado en 2004 por corrupción de menores, impartirá la catequesis. No obstante, sigue siendo el responsable en sacramentos como el bautismo y la confirmación y en la confesión en las primeras comuniones.
También se pronuncia en relación al argumento que ha ofrecido la diócesis, que ha esgrimido en su defensa que el delito cometido fue telemático y en ningún momento ha ejercido un abuso físico. «Es incoherente porque la Iglesia cuando confiesa lo hace si el pecado es de palabra, obra u omisión, no tiene sustento alguno, no entiendo por qué son flexibles con este asunto porque este hombre no solo ha consumido pornografía infantil sino que ha promovido que toda la maquinaria que hay detrás de todo eso se mantenga, si esto ocurre dentro de una empresa o institución, te condenan a no seguir, es lo suficientemente grave a nivel social como para no minimizarlo».
En relación a la defensa de la «trayectoria inmaculada» del sacerdote que el obispo sostuvo esta semana, rebate que aunque sea así, «para lo que debe valer ya no vale». «Educar y guiar a menores exige ejemplo y líneas que no deben traspasarse y esas líneas ya se han roto para siempre».
En esa misma línea y en relación al proceso de rehabilitación que siguen perfiles como el del cura que han sido condenados por pornografía infantil, detalla que lo que se realiza es una terapia de reestructuración cognitiva. Así, se analiza con el paciente cuestiones relacionadas con las emociones y con los pensamientos «Qué te provoca hacer eso y qué conductas te mueven». Al respecto, Blanco expone que la mayoría de estos perfiles revisten «problemas de apego desde la infancia».
El derecho de los menores
También añade que en esta situación se está obviando la realidad de los menores. «Ellos tienen el derecho a saber con quién están». Añade además que en Extremadura se ha hecho incidencia en los últimos años en la defensa de los derechos de los niños, se ha promovido un consejo de la infancia en Extremadura y se les da voz y voto, cuestión por la que defiende el psicólogo que «la sociedad civil, política y religiosa debe ser coherente con estos avances»
En relación a la evolución del conflicto, incide en la necesidad de que se aborde con algún agente externo que pueda funcionar como mediador. «No tiene visos de acabar bien porque es un pulso entre la iglesia y la política». En esa línea, añade que los alcaldes no deberían ejercer como mediadores porque son una parte del conflicto aunque no el origen. «Deberían ser psicólogos, hay una profesión que se llama mediación en la que se ayuda a establecer pactos», concluye.
