La cárcel de Cáceres sigue sin cubrir las vacantes de médicos y cocineros

El hallazgo de un preso muerto en la cárcel de Cáceres el pasado viernes, en su celda del módulo 3, y la alarma provocada por un interno (con problemas de salud mental y recién trasladado a la prisión) que se subió a un tejado interior de la prisión, el pasado 8 de diciembre, han vuelto a poner en el foco las carencias de personal.

Hace justo un año, CCOO denunciaba la precariedad laboral de la prisión de Cáceres, ya que el 25% de los puestos de trabajo estaban vacantes en diciembre de 2021, lo que la convertía en «la tercera prisión española con mayor déficit estructural de personal», después de la de Topas (Salamanca) y la de León. Un año después, la situación apenas ha mejorado. Según Pedro Domínguez, delegado de prisión del sindicato CSIF en Cáceres, «hay más de 40 vacantes sin cubrir; con 23 funcionarios en prácticas que suplen esos más de 40 que faltan. Les sueltan en mitad del océano sin apenas saber nadar», lamenta Domínguez. Esto genera malestar entre la plantilla que «ve cómo se sobrecarga de trabajo al personal o que no pueden librar en fechas clave como las navidades, al no estar cubierta la relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el Ministerio no agarra el toro por los cuernos». Un ejemplo se da en los médicos que atienden en la prisión. Se han jubilado todos los funcionarios (hasta cinco) en este área y la alternativa ha sido realizar dos contratos temporales, uno cubre el servicio de mañana y otro el de tarde, pero no los fines de semana; aunque «tienen que estar localizados por si se produce alguna urgencia», si bien esto provoca que el personal de enfermería se vea obligado a ampliar sus funciones en determinados casos.

Sin personal en cocinas

Una situación similar se da en las cocinas de la prisión cacereña, donde no hay personal desde hace meses (también por jubilación; hasta tres desde 2021). No se pueden cubrir las vacantes sin una oferta pública de empleo y «no hay bolsa específica para poder contratar», explica el delegado sindical de CCOO Alberto Ramajo. Es decir, que son los propios internos (aquellos que poseen el carnet de manipulador de alimentos) los que realizan esta tarea. No obstante, desde CSIF aclaran que «siempre lo hacen bajo vigilancia» y que, «en ningún caso, los reclusos se encargan del proceso de pedir y recibir la mercancía alimentaria. Eso sigue siendo una tarea del personal de la prisión, con un funcionario encargado de la producción». Funcionarios que, en todo caso, «también están sobrecargados laboralmente» al faltar la figura del cocinero(s) en el centro penitenciario. 

Plantilla envejecida

A esta situación se le suma el incremento de las patologías mentales. Un hecho del que ya alertaba hace un año CCOO como «la consecuencia más grave del desmantelamiento de la sanidad penitenciaria; así como de suicidios y la ausencia de políticas públicas de salud mental, donde en torno al 30% de la población reclusa tiene algún tipo de patología mental». Y, por otro lado, el «grave problema del envejecimiento de la plantilla». La edad media del personal penitenciario está en los 55 años y las sucesivas jubilaciones podrían llevar al colapso del servicio público penitenciario en Cáceres.