la crónica de la jornada

El juicio de Atrio arrancará el 27 de febrero y piden 700.000 euros por los vinos

Las partes no llegan a un acuerdo de conformidad en una sesión breve, marcada por el interés mediático. El tribunal admite un nuevo informe con el valor de las botellas. En carta cuestan 1,6 millones

Los magistrados de la Audiencia Provincial durante la retransmisión de la sesión previa.

Los magistrados de la Audiencia Provincial durante la retransmisión de la sesión previa. / Carla Graw

La jornada cumplió con todos los pronósticos. Como de costumbre, el palacio de justicia aguardaba el momento de cumplir con su rutina un día más, no obstante, el de ayer rompió con la normalidad de siempre. Prueba de ello es que al menos media hora antes de abrir las puertas, medios nacionales comenzaban a apostarse en las inmediaciones para capturar la llegada de los protagonistas y conectar en directo.

Tras una instrucción insólita en su rapidez, tan solo se ha prolongado unos meses, este miércoles la Audiencia Provincial acogió la sesión previa al juicio que sentará en el banquillo a los acusados del robo más mediático de la historia de Cáceres: el de la bodega de Atrio.

Esta cita tenía como propósito reunir a las partes para alcanzar un posible acuerdo, un extremo que finalmente no fue posible debido a los desencuentros entre fiscalía, aseguradora –es la acusación particular puesto que ya han indemnizado a los dueños del hotel— y defensa. Fruto de esas desavenencias, el tribunal ha fijado la fecha para el juicio, que tendrá lugar dentro de dos semanas en dos jornadas no consecutivas, 27 de febrero y 1 de marzo. 

El furgón con los acusados del caso Atrio llega a la Audiencia Provincial, este miércoles.

El furgón con los acusados del caso Atrio llega a la Audiencia Provincial, este miércoles. / Carla Graw

La sesión fue concisa y ajustada a los protocolos. Pasadas las 9.15 horas hizo su aparición el furgón policial que trasladó a los acusados, Constantin Dumitru y Priscila Lara Guevara, desde la cárcel de Cáceres. Accedieron por la trasera del palacio de justicia emulando a como ya lo hicieran el pasado agosto cuando comparecieron por primera vez ante la jueza de Instrucción que decretó su ingreso en prisión.

Debido al interés mediático, la sesión previa se celebró a puerta cerrada pero fue retransmitida en una sala anexa a los medios acreditados, entre ellos cadenas nacionales como Antena 3 y La Sexta y programas como el de Ana Rosa en Telecinco. Ya pasadas las diez de la mañana, el tribunal formado por los magistrados Joaquín González Casso, Julia Domínguez Domínguez y Jesús María Gómez Flores hizo público que el acuerdo no se había materializado y abrió el turno de ‘cuestiones previas’, el periodo en el que las partes pueden aportar sus últimas propuestas. 

«Ha sido imposible llegar a un acuerdo porque los acusados no han llegado a reconocer los hechos»

Carmen Barquilla

— Fiscal

Cierto es que a pesar de la disconformidad, este miércoles la aseguradora arrojó luz sobre el valor de las botellas, una de las principales incógnitas del caso, ya que aún no han aparecido. En su momento, esta estimación se realizó basándose en el valor de la carta, por lo tanto, el precio de los 45 vinos ascendía a 1,6 millones de euros.

No obstante, tal y como desveló el abogado de la compañía de seguros Rafael Montes, la acusación pidió ayer incorporar un nuevo informe pericial que fue admitido por la Sala y que tasa los caldos en 700.000 euros. Esta es la cantidad con la que han indemnizado a los propietarios de Atrio y esta será la cantidad que reclamarán en la vista en concepto de responsabilidad civil. Su propósito, detalló, "es recuperar el dinero abonado o recuperar las botellas", que siguen en paradero desconocido desde octubre de 2021. 

«Nuestro propósito es que se recuperen las botellas o los 700.000 euros de la indemnización»

Rafael Montes

— Acusación. Aseguradora

En cuanto a los argumentos que esgrimió para no firmar una conformidad, alegó que la abogada de los acusados "pretendía que sus clientes no continuaran en prisión". Compareció también tras el encuentro la fiscal Carmen Barquilla, que pide cuatro años y medio de cárcel para los dos. Incidió en que la conformidad "ha sido imposible", entre otras cuestiones, porque los acusados no han reconocido los hechos. En ese sentido, se manifestó con prudencia y pidió que no se haga un "juicio paralelo". 

Contrastó, sin embargo, el descontento que manifestó al término de la sesión la abogada de los acusados, Sylvia Córdoba, puesto que el tribunal desechó todas sus peticiones, tal y como ya lo hiciera el juzgado de Instrucción. En esa línea, apeló de nuevo a la inocencia de sus defendidos y aseguró que ellos no pueden devolver unas botellas que no tienen y que nunca han robado.

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