Ingenostrum presenta el programa de ejecución del ecopolígono en Cáceres

Ingenostrum, empresa que promueve el desarrollo de un polígono para usos empresariales e industriales al norte de las Capellanías y cerca de la subestación eléctrica de los Arenales, ha presentado en el ayuntamiento el programa de ejecución de este intervención, según informó este viernes Ángel Orgaz, portavoz del ejecutivo municipal, al término de la junta local de gobierno. Orgaz calificó de "importante paso" este hecho. Esta actuación, que se hizo pública hace unos dos años y que se presentó oficialmente a finales de abril de 2022, también se presenta con la denominación de ecopolígono

Ahora se tendrá que examinar toda la documentación por parte de los técnicos municipales, que tendrán que informar, al igual que otras administraciones con competencia en la ordenación de este terreno de uso industrial en el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo. Además toda la documentación del programa (proyecto de urbanización, estudio económico, plan parcial y convenio urbanístico) se tendrá que exponer a información pública, proceso en el que se pueden presentar alegaciones. Esta tramitación se podría prolongar durante más un año. Orgaz mostró su confianza en que durante otoño del próximo año se le pudiera dar la aprobación definitiva al programa de ejecución.

Luego se tendría que autorizar el proyecto de reparcelación, con el reparto de cargas y beneficios entre los propietarios del suelo, aunque en este caso una de las ventajas es que en la primavera de 2022 Ingenostrum, a través de la sociedad CCGreen, ya anunció que se había hecho con la mayoría del terreno, lo que facilitaría su desarrollo. Y finalmente la promotora podría obtener la licencia municipal para urbanizar el terreno y posteriormente para la construcción de los edificios que formarían este complejo industrial.

El espacio en el que se pretende intervenir tiene 30 hectáreas. Es el más pequeño de los tres nuevos sectores que para estos fines se incluyen en el plan desde 2010 y el de más fácil ejecución. Es una primera fase, ya que la intención de la promotora es extender su proyecto al resto de sectores en suelo urbanizable para uso industrial que hay en el plan de urbanismo.

En un principio no debería tener ningún inconveniente para su desarrollo, ya que tanto la Junta como el ayuntamiento ya dieron todos los informes favorables a este suelo, incluido el medioambiental, cuando se aprobó el plan de urbanismo en 2010 después de un lustro de tramitación. Incluso en el plan de urbanismo se hace una primera planificación de los accesos, por lo que tampoco tendría que haber inconvenientes por parte Demarcación de Carreteras, que ya informó a favor del desarrollo de este suelo urbanizable en el plan general.

El ayuntamiento informó a favor de la consulta de viabilidad de esta intervención hace un año, con los informes técnicos con las cuestiones a incluir en el programa de ejecucion. El cronograma que inicialmente manejaba la empresa era que el programa de ejecución se presentaría en el verano de 2022, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho entrega del mismo, e incluso se calculaba que las obras de ejecución de la urbanización se licitarían en mayo de 2023, esto no pasará, al menos, hasta dentro de poco más de un año. Para acometer la ejecución de la urbanización (viales, espacios libres, accesos a la carretera de Salamanca...) se calculaba un coste de 15 millones de euros.

Una de las consideraciones que se hicieron por los técnicos del ayuntamiento cuando se informó a favor de la consulta de viabilidad fue que en el programa de ejecución se tendría que incorporar un documento ambiental del órgano competente, el autonómico, sobre la necesidad o no de una evaluación ambiental de la actuación. No obstante, se trata de intervenir en un suelo que en el plan general municipal de urbanismo aparece desde el año 2010 como urbanizable. Cuando se le dio esta calificación, junto al resto de suelos urbanizables que aparecen en el plan, ya fue informado por Medio Ambiente, que entonces no planteó objeciones a que este sector al norte de Capellanías se incorporase a los nuevos suelos urbanizables del municipio de Cáceres y que por tanto se pudiera edificar en ellos.

Orgaz detalló algunas de las características de este polígono o ecopolígono, así comentó que se trataría del "primer data center neutro en carbono de Europa, que se situaría en Cáceres". Recordó que contaría con "hasta siete edificios de oficinas para empresas tecnológicas" con una capacidad de "hasta unos 1.400 trabajadores". En su totalidad, con todas las fases, el proyecto contaría con "una superficie de 200 hectáreas", especifico Orgaz, con una previsión para desarrollar todo el proyecto "hasta 2030" y con una inversión global de 1.300 millones.

Según se informó por parte del gobierno municipal, el proyecto ha sido diseñado por el estudio eXedraASD, con sede en Sevilla y especializado en la realización de proyectos de urbanismo sostenible con «la finalidad de ejecutar un campus data center que apueste por la sostenibilidad». El objetivo del proyecto, según se avanzó desde el gobierno local, es «situar a Extremadura en el mapa de los data center mediante la implantación de un gran centro de datos que sirva de infraestructura tractora para atraer grandes empresas del sector de las nuevas tecnologías». Se quiere que estas empresas vean en este ecopolígono «no solo una oportunidad para alojar sus datos en los servidores, sino también para instalar en la región compañías que quieran aprovechar la conexión de la comunidad autónoma con la zona centro de España». Así se insiste en que dos de las «grandes ventajas competitivas» de la región frente a otras es el coste de la energía y «del suelo tanto industrial como residencial». Ingenostrum, que tiene al frente al cacereño Santiago Rodríguez, es un grupo de ingeniería especializado en el sector de las energías renovables que ha desarrollado proyectos en 14 países.

En otros asuntos, el portavoz del gobierno informó de que este viernes se ha registrado ante el ministerio la solicitud de ingresos del 30% del coste del descuento a la mitad de los seis bonos que tienen los autobuses urbanos. Se calculó que este descuento reduciría en 568.898 euros los ingresos por la tarifa del bus durante su periodo de vigencia del 1 de agosto al 31 de diciembre. De esta cantidad se calcula que la aportación del ministerio ascenderá a 359.519 euros, mientras que la del ayuntamiento, que debe sufragar el 20% restante, sería de 209.378 euros. 

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