Critican el nombramiento de políticos como funcionarios eventuales en Cáceres

Óscar Pérez, coordinador de Una Extremadura Digna, ha criticado el nombramiento del edil socialista (antes de Ciudadanos) Ñete Bohigas como funcionario eventual de la diputación. Recuerda que "la política tiene que servir para dar soluciones a los problemas de la ciudadanía y no para buscar un beneficio propio o escalar en un estatus para proteger entre ellos los privilegios de una clase política, que no está sirviendo a la ciudadanía".

Se refiere así a los nombramientos de funcionario eventual a políticos y otras designaciones que se han producido y que a su juicio "dejan claro el distanciamiento de la clase política, que vive ajena a la realidad del pueblo que les ha votado. La política -añade- tiene que legislar y los trabajadores funcionarios que han aprobado una oposición quienes desarrollen , ejecuten lo aprobado sin que ningún político esté por medio".

Una vez que se están conociendo los sueldos de alcaldes, concejales, diputados provinciales y de la asamblea regional, desde UED expresan "lo abusivos y desmesurados que por norma general son los sueldos de algunos políticos de estas instituciones de la región extremeña".

Estima que "los emolumentos que perciben no son de recibo en comparación con los ingresos de la población trabajadora extremeña, y además, teniendo en cuenta las desigualdades y necesidades sociales que se presentan en una región como la extremeña con los salarios más bajos del estado español".

Y añade: "No sabemos hasta qué punto y durante cuánto tiempo las Diputaciones Provinciales pueden seguir desempeñando el papel protector de alcaldes y concejales perdedores de elecciones. No sabemos hasta cuando van a seguir siendo entidades caritativas destinadas al amparo de aquellos políticos y políticas a los que renombran como técnicos, secretarios de diputados, asesores, etc".

En definitiva, desde UED rechazan todos los mecanismos y recursos utilizados por las personas en la actividad política para buscar privilegios personales y un buen acomodo económico. Y concluye: "Declaramos que los emolumentos que cobren los cargos institucionales deben estar acordes con la realidad económica y social, comparables a los salarios de la población trabajadora extremeña., una región en donde el empobrecimiento general se extiende a un número cada vez mayor de familias que perciben pensiones, salarios precarios o ayudas sociales que apenas les dan para vivir".

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