Un padre abrirá una batalla judicial por tener a su hijo

Manuel Corza Silva, natural y vecino de Jaraíz de la Vera, padre de un niño de 4 años, nacido en Francia, pero de nacionalidad española, se opone rotundamente a que el citado menor sea extraditado a Francia y entregado a su madre de origen ruandés. En cambio, según explica el afectado, no se opone a que su mujer "siga teniendo la custodia del niño, pero en Jaraíz, donde tenemos el domicilio".

El padre ha asegurado al EL PERIODICO que hará todo lo posible para que el pequeño permanezca en la localidad verata, de donde también es vecino, ya que "soy consciente del riesgo que corre el niño de que pueda tener una muerte anunciada, si se le traslada a Ruanda, debido a la guerra civil entre hutus y tutsis".

Por este motivo, se resiste a que el niño sea llevado a Francia con su madre, donde un juez le exige la restitución del menor, basándose en que la madre obtuvo la custodia provisional del niño. En este sentido, el padre se mostró convencido de que "si se llevan al niño a ese país, no volveré a verle más en mi vida".

No obstante, indicó que tiene "plena confianza en la justicia", máxime teniendo en cuenta que el pasado 3 de marzo "el Tribunal de la Haya dejó al niño conmigo, hasta ver lo que decide el próximo día 12 el juzgado número 1 de Plasencia".

Por otro lado, Manuel Corza dijo que cuenta con el apoyo del pueblo de Jaraíz. Para demostrarlo, ha iniciado una campaña de recogida de firmas. Mientras, el alcalde, Nicasio López, aseguró ayer que el ayuntamiento está dispuesto "a ayudar a este señor como a cualquier vecino".

El padre del niño argumentó también a su favor que éste último "está perfectamente enraizado en Jaraíz", y que no quiere "irse a Francia con la madre, debido a que recibió malos tratos, según los médicos".

ABOGADO DEFENSOR

Por otra parte, el abogado Dumet Grayeb, especialista en derecho internacional, y en colaboración con un grupo de letrados españoles, intentará que el menor sea escuchado antes de que se decida sobre su destino, porque entiende que la resolución de Naciones Unidas sobre la Infancia de 30 de noviembre de 1990, y que fue ratificada por España ese mismo año, le otorga ese derecho.