El Gobierno negó el indulto al camionero condenado

Idéntico delito, idéntica pena e idéntica solicitud de indulto. Pero resoluciones opuestas. Juan José González Moya, el empleado de la empresa Gasóleos Catalunya condenado por fraude de carburantes, solicitó, al igual que su jefe José María Martinell, el indulto al Gobierno. Pero mientras al empresario le fue otorgado el perdón, al empleado se le denegó.

Martinell, administrador único de la empresa de carburantes, y González Moya, uno de sus empleados, se sentaron en el banquillo por la acusación de estafa. La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona impuso una pena de dos años y tres meses de prisión a cada uno.

La concesión de indultos es potestad del Gobierno, que nunca argumenta su decisión. Así, nada hay impreso en papel que explique los motivos que han llevado a resolver en sentido opuesto dos casos con las mismas características. Sin embargo, todo el proceso que ha derivado en el perdón del empresario ha estado rodeado de interrogantes. Los primeros sorprendidos fueron los magistrados del tribunal de la Audiencia de Barcelona que vieron cómo el Gobierno no consideró sus informes desfavorables. Primero, el Ejecutivo le concedió un indulto parcial. Sin embargo, el tribunal siguió firme en su condena de cárcel para el empresario. El pasado viernes, el Gobierno otorgó el indulto total.

Además, fuentes del tribunal confirmaron que el presidente recibió dos llamadas del diputado de CiU Manuel Silva interesándose por la situación del empresario y anticipando, con acierto como se comprobó más tarde, que el Gobierno tenía la intención de indultarle.