Londres bloquea el sistema de supervisión financiera de la UE

Gran Bretaña bloqueó ayer la aprobación del nuevo comité europeo de supervisión de riesgos del sistema financiero y condicionó su aprobación a que se diluyeran los poderes del otro organismo previsto, el sistema europeo de supervisores financieros, así como de las futuras autoridades europeas de vigilancia de la banca, los mercados financieros y los seguros.

Los británicos impusieron a la presidencia sueca de la Unión Europea (UE) y a sus demás socios comunitarios en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas que la aprobación del nuevo sistema europeo de supervisión financiera se apruebe en bloque, y logró retrasar la decisión hasta diciembre. La presidencia sueca pretendía aprobar los nuevos organismos por separado, empezando por el comité de supervisión de riesgos del sistema financiero, que planteaba menos problemas.

La presidencia sueca indicó tras la reunión que existía un "amplio acuerdo" sobre este primer organismo, que se responsabilizará de detectar los riesgos que amenacen al sistema financiero y que emitirá alertas y recomendaciones a los países afectados. Pero reconoció que serán necesarias negociaciones adicionales para vencer las reticencias del Ejecutivo británico y lograr su aprobación.

SOBERANIA PRESUPUESTARIA Londres teme que las nuevas autoridades europeas de supervisión encargadas de vigilar a las entidades financieras puedan imponer sus decisiones a las autoridades nacionales y forzar a un Estado a inyectar más fondos a un banco o aseguradora en crisis para cumplir los requisitos de solvencia. "Esto cuestiona la soberanía presupuestaria británica", según fuentes del ministerio de Finanzas británico. La UE se había fijado como objetivo que el nuevo sistema de supervisión financiera estuviera en vigor a principios del 2010.

Los ministros de los Veintisiete se comprometieron ayer en Luxemburgo a iniciar en el 2011 "como muy tarde" el saneamiento de sus déficits públicos, una vez se haya consolidado la recuperación económica. Los Veintisiete aceptaron que las reducciones anuales del déficit deberán resultar superiores al 0,5% del producto interior bruto.