La multinacional estadounidense Alcoa deberá propiciar un futuro industrial para la última fábrica de aluminio que gestiona en España, la de San Cibrao (en Cervo, Lugo), con la que se hizo hace 23 años cuando se quedó con el negocio del aluminio que hasta entonces era público (nueve factorías de la Industria Española del Aluminio, Inespal) en la oleada de privatizaciones del Gobierno de José María Aznar. El Tribunal Supremo (TS) ha informado este jueves de que desestima el recurso de casación del Grupo Alcoa Inespal y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que el pasado diciembre declaró nulo el despido colectivo de 524 trabajadores de la planta gallega por apreciar “mala fe” en las negociaciones por parte de la empresa, cuyo “fin único y primordial” era “apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”. El fallo llega mientras la Audiencia Nacional investiga la posible estafa en la venta de las plantas de A Coruña y Avilés (actual Alu Ibérica), las dos últimas de las que se deshizo Alcoa.

El Alto Tribunal dará a conocer “en los próximos días” el texto completo de la sentencia, pero avanzó que su decisión coincide con la del TSXG, que el 17 de diciembre del año pasado obligó a la empresa a reincorporar a los empleados de A Mariña, como reclamaron los sindicatos CCOO, UGT y CIG. La noticia da alas a los trabajadores, que después de año y medio de lucha contra el cierre instan a “sentarse de nuevo a la mesa de negociación” —urge el presidente del comité, José Antonio Zan— para tratar de buscar “una salida”, tanto por parte “de las administraciones como de la propia Alcoa”, bien sea a través de “una venta directa”, con la correspondiente “garantía de la operación a través de un organismo público”, o mediante la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El Gobierno se ha mostrado reacio a la intervención de la SEPI, sociedad a la que pertenecía la antigua Inespal. El portavoz de la plantilla insistió ayer en que es necesaria la intervención del Ejecutivo para facilitar la operación de venta “a un comprador fiable y solvente, elegido por el Ministerio [de Industria]”, que garantice el futuro “industrial” de la comarca de A Mariña lucense y que haga posible “el mantenimiento del 100% de la producción y de los puestos de trabajo” en la fábrica. Los sindicatos han convocado una huelga general en A Mariña para el 17 de noviembre, en protesta por la crisis industrial que vive con el conflicto de Alcoa y la decisión de cierre de Vestas.

Fin del blindaje eléctrico, menos lucro y retirada

La retirada de la Alcoa como productor de aluminio en España se hizo patente desde que expiraron los privilegios eléctricos que le concedió el Gobierno de Aznar en el momento en la compraventa de Inespal, en 1998. Durante 15 años gozó de un bajo precio blindado de la luz, un coste clave para producir aluminio (actividad hiperelectrointensiva); a 3,8 pesetas durante los 10 primeros años y 4,24 para otros cinco. A continuación recibió una rebaja de más de 1.000 millones de euros en su recibo, según el Gobierno, a través de las subastas celebradas por Red Eléctrica, con cargo a la factura de todos los consumidores. Estas pujas fueron reduciendo sus incentivos y en 2020 el Gobierno suprimió este sistema.

A los 15 años de hacerse con Inespal, Alcoa no solo tenía amortizada la compra (63.450 millones de las pesetas de entonces, unos 380 millones de euros) sino que sus beneficios ya multiplicaban por cinco esa inversión solamente teniendo en cuenta las fábricas gallegas (A Coruña y parte de las ganancias de San Cibrao) y asturiana (Avilés, vinculada a A Coruña a nivel contable). El fin de este acceso privilegiado a la energía volvió menos lucrativo el negocio de la multinacional en España. Desde entonces, el discurso de Alcoa ha sido invariable: la producción de aluminio es inviable en España por el coste eléctrico.

Con ese argumento anunció en mayo de 2020 el cierre de la planta de aluminio de San Cibrao —su intención es mantener solo la refinería de alúmina anexa—, la misma justificación con la que comunicó en 2018 el cierre de las plantas de A Coruña y Avilés. Solo después de una dura lucha sindical en Galicia y Asturias y de la presión social y política la empresa accedió a abrir un proceso de venta, que acabó con las dos fábricas en manos del fondo de inversión suizo Parter Capital (en 2019), que en unos meses revendió las instalaciones renombradas como Alu Ibérica a Grupo Riesgo (2020). 

La Audiencia Nacional ha apartado a los gestores de forma cautelar por los indicios de saqueo y ha impuesto un administrador judicial para controlar la empresa mientras avanza el proceso de instrucción de la causa penal por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía concluyen que Riesgo pudo saquear las cuentas de Alu Ibérica a través de sociedades interpuestas con las que, entre otras acciones, realizó negocios ficticios, cobró sobrecostes de hasta el 600% y sustrajo fondos a través de la compra de bitcoins, como adelantó El Periódico de España.

Alcoa apagó las cubas electrolíticas, el corazón de la fábrica, en A Coruña y Avilés antes de realizar la venta, con lo que las plantas de Alu Ibérica no fabricaron más aluminio primario desde 2019 (solo hicieron reciclaje hasta que cerraron el pasado agosto). En el caso de San Cibrao, la Justicia ha obligado a Alcoa a mantener en funcionamiento las líneas de electrólisis para no causar un daño irreversible al futuro industrial de su última fábrica.