Los sindicatos USO y Sitcpla, representantes de los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair, convocan una huelga semanal -de lunes a jueves- desde el próximo 8 de agosto y hasta el 7 de enero de 2023, ambos incluidos, ante la negativa de la 'low cost' a "entablar cualquier diálogo con los representantes elegidos por sus tripulantes", explican en un comunicado.
La aerolínea irlandesa no tiene representación legal en España porque no se rige por la legislación de este país --esta es precisamente una de las críticas y principales reivindicaciones de USO y Sitcpla--. No obstante, en enero de 2019, se firmó un acuerdo con la compañía en el que Ryanair reconocía a USO y Sitcpla como los sindicatos representativos de los tripulantes de cabina en la aerolínea para empezar a negociar el primer convenio colectivo tras una asamblea con una empresa externa para legitimarles.
Según sus propios cálculos, USO y Sitcpla suman alrededor de 1.000 'afiliados' del total de 1.500 'azafatos' de esta aerolínea en España. La aerolínea se niega, sin embargo, a negociar con estos sindicatos, como sí lo ha hecho con CCOO.
Las reivindicaciones de esta nueva convocatoria son tres. La primera es la misma que hace tres años: la aplicación de los mínimos estatutarios de la legislación española en materia laboral y sindical a todos los tripulantes de cabina que prestan sus servicios en los aviones de Ryanair y en las diez bases españolas. Tras el cierre de las bases de Canarias, Ryanair cuenta con diez 'centros' de trabajo en España situados en Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Sevilla, Palma de Mallorca, Valencia, Girona, Santiago de Compostela e Ibiza.
Esto se traduce en la aplicación de los derechos laborales básicos, tales como 22 días laborables de vacaciones anuales; 14 festivos legalmente establecidos; cumplimiento de la ley de PRL; concesión de los derechos de guarda legal, concreción y reducción de jornada; el abono de los niveles salariales previos a pandemia, tal y como la Audiencia Nacional ya falló en sus sentencia; fin de la contratación de trabajadores a través de cesión ilegal de trabajadores y el respeto al legítimo ejercicio del derecho a huelga por los trabajadores.
Pero, además, en este caso, también solicitan la "readmisión inmediata" de los 11 trabajadores despedidos durante los paros de los meses de junio y julio por secundar su derecho a huelga. Y, en tercer lugar, la paralización y archivo de todos los expedientes sancionadores abiertos a aproximadamente unos 100 trabajadores con motivo de los paros anteriores.
