Viviendas en venta a mitad de precio por tener okupas dentro en Alicante

Lo que para muchas personas supone un peligro, para otras puede representar una interesante oportunidad. La venta de viviendas okupadas se dispara en la provincia de Alicante en los últimos meses debido a que permite hacerse con inmuebles de alto valor hasta por la mitad de su precio original. A cambio, eso sí, de asumir las costas (y el tiempo) del proceso judicial. 

En los últimos meses, los portales web se han poblado de anuncios que comienzan con una advertencia: "¡Atención, vivienda okupada!". Un mensaje que, aunque a priori pueda parecer disuasorio, empieza a convertirse en un reclamo para aquellas personas que buscan una oportunidad de inversión.

La presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, Marifé Esteso, señala que la oferta de este tipo de productos inmobiliarios ha aumentado de manera exponencial en los últimos ocho o diez meses. Además, apunta que, contrariamente a lo que se suele pensar cuando se habla de okupación, esta clase de inmuebles no se encuentran preferentemente en zonas de rentas bajas, sino que se ofertan en algunos de los barrios más demandados, como puede ser Playa de San Juan o la Albufereta.

En cuanto al procedimiento, Esteso comenta que "el comprador se subroga en el procedimiento judicial y termina de echar al okupa", lo que puede llevarle entre uno y tres años, pero que en muchas ocasiones se alcanza un acuerdo antes: "Los compradores tratan de cerrar un trato con las personas que están dentro de las viviendas y se puede llegar a pagar incluso un porcentaje al ocupante para que se marche de la vivienda sin tener que terminar en los juzgados".

Este tipo de comisiones, afirma la presidenta del colegio de API, oscilan entre los 2.000 y los 10.000 euros, y dependen, principalmente, de la situación personal del okupa y de la habilidad negociadora del comprador. Por lo que respecta a las viviendas que se pueden adquirir en estas condiciones, actualmente se ofertan pisos en Alicante, en la zona del Mercado Central, de tres dormitorios y más de cien metros por menos de 150.000 euros; en El Pla, con dos dormitorios por debajo de los 45.000 y en la zona de playas (Cabo de la Huerta, Albufereta y Playa de San Juan) viviendas de más de 80 metros cuadrados por unos 115.000 euros. 

Lagunas legales

En cuanto al proceso que se inicia después de hacerse con uno de estos inmuebles, el abogado Alejandro Rodríguez Vidal apunta que, al tratarse de una casuística relativamente "nueva", todavía existen ciertos aspectos que no están del todo claros, lo que añade un cierto grado de incógnita a este tipo de operaciones de compraventa y ha permitido que proliferen empresas que actúan "al límite de la ley" como Desokupa.

El letrado sostiene que el tiempo que se tarde en recuperar el uso del inmueble adquirido va a depender de si el okupa se encuentra en una vivienda destinada al uso como domicilio habitual o en una que se encuentre vacía (segundas residencias, alquiler vacacional...). En el primero de los casos, según mantiene, se trata de un delito flagrante que permite a la Policía acudir, investigar lo ocurrido y detener al okupa. Un trámite que puede demorarse unos días. Si, por el contrario, el ocupante no deseado se encuentra en el interior de una vivienda que no es de uso habitual, la cosa cambia. Al no estar tipificada esta infracción específicamente en el Código Penal, el conflicto debe resolverse por lo civil. Paciencia.

No obstante, fuera de estas prácticas, Rodríguez Vidal advierte de que recurrir a empresas de "desokupación" para tratar de agilizar el proceso y evitar los plazos de un procedimiento civil puede traer consecuencias. "Si se trata de echar al ocupante mediante coacciones o amenazas, aunque las cometan los trabajadores de la empresa, podría convertirnos en autores materiales del delito", explica. Una práctica que podría conllevar multas y, en los casos más graves, derivar en una posible pena de prisión. De acuerdo con el artículo 171 del Código Penal, "las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho".

Si las coacciones llevadas a cabo para que el okupa abandone la vivienda que se acaba de adquirir incluyen además "amenazar a otra persona causarle a ella, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones [...] será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años".

"No es para todos"

Según explica el letrado especializado Francisco García Prats, los propietarios de este tipo de activos suelen ser fondos de inversión o entidades bancarias que ofrecen dos formas de hacerse con ellos: que la vivienda cuente con una hipoteca en vigor, en cuyo caso lo que se vende es la deuda de dicha hipoteca; o bien que se trate de una vivienda libre de cargas económicas, pero con un okupa en su interior. En ambos casos, la fórmula es la misma, se paga un precio reducido (de incluso el 50% del valor de mercado) a cambio de hacer frente a los trámites necesarios para recuperar el uso y disfrute de la vivienda. "No es un producto pensado para un particular, ya que al tratarse de un bien okupado las entidades bancarias no ofrecen créditos para su compra, puesto que no se pueden llevar a cabo trámites necesarios como la tasación o la expedición del certificado energético", explica el letrado García Prats.

Además, el perfil del comprador debe ser el de una persona que no tenga prisa por poder acceder a la vivienda en cuestión, lo que, en la práctica, reduce la lista a inversores especializados y queines cuentan con gran liquidez. Sin embargo, si se cumplen estas condiciones, el abogado lo tiene claro: "Muchas veces son un chollo". Una muestra más de cómo la falta de stock y la saturación del mercado inmobiliario están contribuyendo a que proliferen nuevas prácticas con las que, por un lado, poder adquirir a precios razonables bienes que se encuentran por las nubes y, por otro, dar salida a activos que pueden suponer un problema de nula rentabilidad a corto plazo.