El CGPJ aprueba la multa impuesta por el magistrado extremeño a Tirado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sancionó ayer con 1.500 euros al juez Rafael Tirado por no ordenar ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. La comisión disciplinaria del CGPJ ha impuesto --por tres votos a dos y de acuerdo con la propuesta formulada por el instructor del expediente abierto al magistrado por este órgano, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea-- dicha multa a Tirado por su actuación en el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla y por una falta grave contemplada en el artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Los 1.500 euros son la mitad de la máxima prevista para las faltas graves, que son castigadas con multa de 300 a 3.005 euros.

El presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, fue condenado en noviembre de 2002 por Tirado a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005. La ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada más de dos años y dos meses en el juzgado de Tirado.

El instructor instructor de la causa contra Tirado, el magistrado extremeño, concluyó que el retraso al tramitar la causa se justificaba por la situación del juzgado, con una plantilla "muy justa" y gran carga de trabajo.

RECURSO DE LA FISCALIA Tras la sentencia, la Fiscalía General del Estado anunció ayer formalmente que en los próximos días recurrirá la sanción de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. En un comunicado, el Ministerio Público señala que el recurso se hará efectivo una vez que se haya analizado el contenido completo de la resolución emitida por el Poder Judicial.

El fiscal que actuó en el expediente disciplinario abierto a Tirado, Aurelio Blanco (fiscal-jefe del TSJEx), solicitó en su informe que los hechos fueran calificados como infracción muy grave, lo que se habría traducido en una sanción de suspensión por hasta tres años, en el traslado forzoso del magistrado a otro destino e incluso en su expulsión de la carrera judicial.

Por su parte, el juez Tirado recurrirá el acuerdo de la comisión disciplinaria porque, según su abogado, "no está contento en absoluto" y "no acepta ni siquiera que se trate de falta grave".