El Gobierno rectifica a Ocañay da su quinta marcha atrás

Acreditada como está su facilidad para dar marcha atrás sobre sus propuestas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue ayer un poco más allá. Rectificó sobre una rectificación realizada tan solo unas horas antes. El Secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, anunció la tarde del miércoles que el acuerdo de subida salarial de los funcionarios firmado hace tan solo cinco meses sería revisada. A la baja, claro. Pues bien. A las 12.35 de ayer, Economía y Hacienda desmintió en nota oficial a su secretario de Estado. "El ministerio quiere aclarar que el Gobierno respetará en su integridad el acuerdo alcanzado con los sindicatos sobre el salario de los funcionarios", decía tajantemente el documento, en lo que constituye la quinta marcha atrás del Gobierno en medidas anticrisis desde que Elena Salgado tomó el relevo de Pedro Solbes en la segunda vicepresidencia.

El Ejecutivo no da con la tecla para acabar con uno de los principales factores de erosión de su credibilidad al proyectar una imagen de descoordinación e improvisación que ha empezado a calar en la población. Primero fue el reparto de los 420 euros a los parados, luego el descuento de 400 euros del IRPF, después la prolongación de la vida laboral hasta los 67 años, en cuarto lugar la ampliación de años para el cálculo de las pensiones y ahora el sueldo de los funcionarios. Cada vez el Ejecutivo socialista vuelve sobre sus pasos con más desparpajo y rapidez.

PLAN DE AUSTERIDAD Una vez hecha pública la nota oficial, la titular de Economía desautorizó también personalmente a su secretario de Estado. "El acuerdo firmado con los funcionarios se respetará absolutamente. Al 100%. El plan de austeridad incluye una reducción del 4% en gastos de personal de las administraciones públicas, pero lo materializaremos reduciendo la oferta de empleo. En ningún momento se tocarán las retribuciones salariales", dijo en la rueda de prensa posterior a la primer cumbre anticrisis.

Salgado no se conformó con esto y llamó a los sindicatos de la Función Pública para asegurarles que se iba a cumplir el acuerdo firmado en septiembre con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández. Esta y el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, se sumaron en declaraciones públicas a la rectificación. El secretario confederal de Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo, aseguró que "no es bueno que, después de tener un compromiso, haya declaraciones de personas vinculadas al Gobierno que lo contradicen".

Ocaña había dicho el día antes que, para cumplir con ese ajuste del 4%, había que revisar necesariamente el acuerdo alcanzado en septiembre con los sindicatos por De la Vega, que garantiza a los funcionarios mantener su poder adquisitivo de aquí al año 2013. Ocaña se sumó con su anuncio a las declaraciones de la mayoría de expertos y a las tesis de la oposición, que consideran que mientras el resto del país se encuentre afectado por rebajas salariales y el paro, los funcionarios deben sacrificarse también.

Mientras se producía la desautorización de Ocaña, un barón socialista, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, le avalaba, al afirmar que "son tiempos de ajuste y habrá que pedir sacrificios a todos".

ERROR DE COMUNICACION Salgado atribuyó el error de su número dos a un problema de comunicación. "No todo se expresa con la misma claridad. Los fallos de comunicación quisiera que se puedan reducir a la anécdota. Quiero que las medidas que se anuncien se mantengan", dijo con voluntarismo. Concentrados como estaban en criticar la forma como el Ejecutivo ha encarado la negociación del pacto anticrisis, los grupos no tuvieron tiempo de cargar contra la última marcha atrás.