La juez imputa al gerente de Urbanismo de Sevilla y a un técnico

La juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla toma declaración el próximo miércoles, como imputados, al gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán Carrascosa, y a un técnico por la licencia a la empresa que compró los terrenos del mercado central.

Millán Carrascosa y el técnico de Urbanismo José Manuel Ferrera, adjunto al jefe de sección de Licencias de Primera Ocupación, han sido citados por "presuntas irregularidades penales" en la concesión a la inmobiliaria Sanma, filial de Sando, de la licencia de primera ocupación para unas naves en Mercasevilla.

Sanma se hizo en el 2006 con la opción de compra de los terreros de Mercasevilla en un proceso que la juez ha calificado como "fraudulento", por lo que dos directivos de esta inmobiliaria se encuentran entre la quincena de imputados en los cinco sumarios del caso Mercasevilla.

Millán Carrascosa, que ocupa el cargo desde abril de 2008, se une a otros altos cargos imputados en el caso como el exgerente de Urbanismo Manuel Marchena, el exconcejal Gonzalo Crespo (PSOE), el exasesor del PSOE Domingo Enrique Castaño o el exdelegado de la consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla dice que la declaración de estos dos nuevos imputados deriva del análisis de los expedientes de licencia de edificación y primera ocupación, de la declaración de otros imputados y de la documental remitida por la compañía eléctrica Endesa.

Explica el auto que "dado que no se habían realizado las obras necesarias para garantizar el suministro eléctrico, el conjunto realizado por Sanma no resultaba apto para el uso que le era propio".

La imputación de Ferrera, tercer técnico de la Gerencia de Urbanismo, que es implicado en las presuntas irregularidades en Mercasevilla, motivó un duro comunicado del Comité de Empresa de dicho organismo, que se declaró "indignado" ya que estos trabajadores se limitan a aplicar la legalidad urbanística.

En un comunicado, el Comité de Empresa expresó el "apoyo unánime de todos los trabajadores" a su compañero ya que el trabajo de los técnicos se limita a "la aplicación de procedimientos reglados y al sistemático acatamiento de la legalidad urbanística".