El Gobierno quiere cerrar cuanto antes la crisis diplomática con Marruecos, y no para de hacer gestos de distensión con el reino alauí, pese a que este no parece aún dispuesto a pasar página. Insiste en que desea "dar por zanjado" el choque pronto porque su "prioridad" es preservar las buenas relaciones que siempre han existido con Rabat y rechaza que se liguen las ayudas que llegan desde la Unión Europea al país magrebí a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta la semana pasada.

Desde Bruselas y en rueda de prensa, al término del Consejo Europeo extraordinario, Pedro Sánchez mantuvo este martes el llamamiento a Marruecos de "confianza y respeto" a las fronteras españolas. Pero ante la pregunta de si los fondos europeos que recibe Rabat deben "condicionarse" a su respeto a las fronteras, el presidente respondió con un "no" tajante. Ante el silencio de los periodistas por su respuesta, explicó que España desea tener la mejor de las relaciones con Rabat, y lo demuestra, apuntó, que la semana pasada, en pleno pico de tensión con el vecino del sur, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 30 millones de euros para la cooperación policial con este país.

"España siempre ha querido tener las mejores relaciones con Marruecos incluso en los peores momentos, pero siempre dentro del respeto y la confianza que debemos otorgar los países vecinos", afirmó el jefe del Ejecutivo, quien remarcó que ambos Estados tienen mucho que ganar colaborando que estando enfrentados. Rabat, siguió, no puede "olvidar algo fundamental", y es que España es "el mejor socio" que tiene dentro de la UE para defender "sus intereses estratégicos". Es su mejor "valedor", había afirmado dos horas antes, desde la Moncloa, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Sánchez pidió no relacionar la llegada de inmigrantes irregulares a Ceuta con el traslado de Brahim Ghali al hospital San Pedro de Logroño el pasado abril. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha venido recalcando que España nunca buscó el choque con Rabat al acoger al líder del Frente Polisario por razones "humanitarias". Se lo pidió Argelia y accedió porque el histórico dirigente saharaui se hallaba en estado crítico, enfermo de cáncer y aquejado de coronavirus. No hubo intención de "agredir" a Marruecos, ha defendido Laya, pero el reino alauí sí ha tomado ese gesto como una afrenta.

"Discreción" para resolver la crisis

"¿Me quiere decir que en 48 horas entraron 10.000 inmigrantes marroquíes [sic] en Ceuta en respuesta a una acción humanitaria del Gobierno de España? No hay que mezclar cosas", se preguntó y se respondió el jefe del Ejecutivo.

Sánchez aludió, durante su exposición inicial, al apoyo y solidaridad de los líderes europeos en el Consejo extraordinario que arrancó este lunes y concluyó este 25 de mayo, y también a que ha quedado claro que Ceuta y Melilla son fronteras exteriores de la UE, cuya españolidad defenderá siempre. El presidente no quiso concretar si hay contactos entre Laya y el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Burita, aduciendo que las cuestiones diplomáticas deben conducirse con discreción.

Montero, por su parte, sostuvo que el Ejecutivo "trabaja para dar por zanjada" la tensión con Rabat y para que se "restituyan de forma plena" las relaciones de "buena vecindad y cooperación" con el país magrebí. La situación "ha mejorado desde los picos de tensión [de la semana pasada]", pero hay que seguir trabajando en la alta diplomacia y la discreción. Según la portavoz, la resolución del choque "está próxima a llegar", con la confianza de que se dé "por concluida una situación que nunca debió producirse".

Lo cierto es que no hay síntomas, desde la óptica de Rabat, de que las relaciones vayan a restablecerse pronto. Marruecos ya ha advertido de que el diálogo entre los dos países empeorará si Ghali regresa como entró en España, "con opacidad". Y ahí está el problema, porque el líder saharaui está citado a declarar el 1 de junio ante la Audiencia Nacional por diversos delitos, entre ellos el de genocidio o lesa humanidad, torturas o detención ilegal. "El Poder Judicial sigue siendo independiente del Ejecutivo -dijo Montero-. Ese poder cuenta con los instrumentos necesarios para adoptar las decisiones que entienda. Le corresponde al Poder Judicial si entiende que tiene que poner en marcha actuaciones o mecanismos para que las personas puedan responder ante los tribunales".