Sánchez apuesta por lograr que España "abra camino en la conquista de derechos en el mundo digital"

Con ese objetivo, el Ejecutivo ha presentado ese documento, que el presidente, Pedro Sánchez, ha defendido como la guía que deberá orientar todas las leyes y las políticas públicas y ha incidido en que el texto, sin ser una regulación sofisticada de derechos y de libertades, sí contribuye a proteger y ensanchar muchos de ellos.

"España quiere abrir camino en la conquista de derechos también en el mundo digital", ha subrayado Pedro Sánchez durante un acto que se ha celebrado en el Palacio de La Moncloa y al que han asistido, entre otros, la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, y las titulares de Justicia, Pilar Llop; y de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Sánchez ha asegurado que el texto sitúa a España "a la vanguardia internacional" del derecho de la ciudadanía en el ámbito digital, ya que se trata de una medida "inédita" a nivel internacional.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que pese a que el carácter de la carta no es "normativo", supone un deber "autoimpuesto" para el Gobierno que debe servir como referencia para la acción de todos los poderes públicos en el objetivo de desarrollar políticas públicas más justas.

El presidente del Gobierno ha subrayado que este texto era "uno de los compromisos más importantes" del Gobierno y que supone, no solo reaccionar, sino reconocer y ampliar derechos para la ciudadanía".

En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de hacer campaña por estos derechos a nivel global en foros como la Unión Europea o Naciones Unidas, ya que, si no hay consenso en estos derechos entre Gobiernos y empresas ,no habrá nunca "seguridad absoluta", en su opinión.

"(La Carta de Derechos Digitales) Demuestra una vez más que España está dispuesta a abrir el camino de la conquista de derechos en todo el mundo, también en el mundo digital", ha señalado poco después de reclamar un multilateralismo más fuerte.

Sánchez ha destacado algunos aspectos de la carta como la protección ante la inteligencia artificial, el derecho a solicitar intervención humana en un proceso o la no discriminación algorítmica.

El presidente del Gobierno ha insistido en la oportunidad que representa la transformación digital y la necesidad de "mitigar los riesgos" que esta conlleva para que sea integradora.

Asimismo, también ha remarcado la importancia de que esta sea un elemento de vertebración territorial.

"Ningún territorio puede quedar al margen de esta transformación y transición digital", ha subrayado el presidente, que ha reconocido que la pandemia ha evidenciado que, a veces, la tecnología ha avanzado más rápido que las políticas públicas.

Brújula digital

Por su parte, Calviño ha destacado el objetivo de que esta carta de derechos digitales sea una "brújula" para la digitalización que busca que los ciudadanos tengan los mismos derechos en el mundo online y offline.

Para la vicepresidenta se trata de un "proyecto muy ambicioso" que trata de asuntos "transcendentales".

Calviño ha remarcado la apuesta por la digitalización del Gobierno y ha puesto como prueba de ellos el papel reservado para esta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Calviño ha agradecido especialmente a la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, Carme Artigas, por su "energía" para sacar adelante el proyecto y a Sánchez, al que le ha agradecido su "impulso", "inspiración" y gran conciencia y responsabilidad".

La vicepresidenta ha remarcado que "no es habitual" que un presidente preste atención a temas de "largo plazo" como este.

En cuanto al contenido de la carta, la ministra de Asuntos Económicos ha hecho hincapié en el carácter colaborativo de su elaboración con dos consultas públicas, así como en la importancia de derechos como el pseudonimato, que protege la identidad digital.

Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, en su estreno en su nuevo cargo, ha señalado la importancia del conjunto de "principios y derechos" que reúne la carta y que deben servir como guía de proyectos y políticas públicas para los nuevos ecosistemas digitales.

En este sentido, ha señalado la importancia de adaptar los marcos jurídicos a esta nueva realidad digital y ha hecho hincapié en que el proyecto sitúa a España en una posición de "motor" respecto a los derechos en el espacio digital.

Asimismo, Llop ha remarcado la importancia de la protección de datos, los derechos de identidad y el pseudonimato, el derecho a no ser localizado o la neutralidad de la red, así como que la carta se base en la universalidad.

La ministra ha subrayado que la transición digital es "esencial" para una sociedad más igualitaria y ha resaltado la importancia de esta en campos como la protección contra todo tipo de delitos, especialmente el ámbito de la mujer.

Asimismo ha apuntado también a la necesidad de cerrar brechas digitales y responder a las "necesidades de eficiencia" del sistema judicial de España.

También ha participado la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, que ha señalado que es "vital" que la tecnología esté siempre al servicio de las personas.

"Dejar a alguien al margen de la digitalización es como dejarlo al margen del mundo", ha remarcado al tiempo que defendía una digitalización que llegue a "todos y todas".

Morant ha enfatizado que, con este documento, el Gobierno "toma los mandos" para eliminar "incertidumbres sobre lo que se puede o no se puede hacer" en el entorno digital.

Las claves de la carta

La Carta de los Derechos Digitales, en cuya elaboración ha participado un equipo multidisciplinar de expertos durante más de un año, no tiene carácter normativo, pero sí radiografía y traslada al ámbito digital todos los derechos fundamentales de una sociedad cada vez más dependiente de los entornos, de los dispositivos y de los servicios digitales.

Así, las claves de la Carta se sustentan en muchas de las leyes que conforman el ordenamiento jurídico y en los derechos ya regulados, como el derecho a la igualdad, a la no discriminación, al acceso a internet, a la protección de los datos personales, a la protección de los menores, el derecho al honor y a la intimidad o la libertad de expresión y de información.

Muchos de esos derechos y libertades están muy consolidados en España, pero otros recogidos en la Carta están todavía en una fase muy incipiente, como los derechos en el ámbito laboral en situaciones de teletrabajo para asegurar la desconexión digital, el descanso y la conciliación de la vida personal, u otros como la "herencia digital", el derecho al "pseudonimato" o la geolocalización.

El documento, que ha sido elaborado por un grupo de expertos y sometido a dos procesos de consulta pública en el último año, señala cuáles son los "novísimos" retos que supone adaptar todos los derechos de las personas al entorno digital, y en ese sentido trata de anticiparse a los futuros escenarios.

Trata además, según han constatado los expertos que han participado en su elaboración y ha asumido el Ejecutivo, de garantizar que el proceso de digitalización sea "humanista" y que las personas se sitúan "en el centro" de ese proceso.

La Carta se divide en seis bloques: derechos de libertad; de igualdad; de participación y de conformación del espacio público; del entorno laboral y empresarial; derechos digitales en entornos específicos; garantías y eficacia, y servirá de guía para todas las leyes y políticas públicas.

Ésta corrobora que el derecho a la propia identidad es también exigible en el entorno digital y en que esa identidad no puede ser suplantada; el derecho a la "herencia digital" de los bienes y de los derechos de los que sea titular la persona fallecida; y la importancia de promover políticas públicas para combatir todas las "brechas" digitales que se puedan generar (por edad, por género, por territorios o entre personas con discapacidad).

El documento incide en la importancia de promover la igualdad efectiva de hombres y mujeres en entornos digitales y apuesta por fomentar que los procesos de transformación digital apliquen la perspectiva de género y adopten medidas específicas para evitar los sesgos en los datos y algoritmos que se usen.

Entre las novedades destaca que se permitirá el acceso a los entornos digitales en condiciones de "pseudonimato" cuando no sea necesario e imprescindible la identificación personal; no obstante está contemplada la posibilidad de re-identificar a las personas previa resolución judicial. Se hace eco también del derecho que tienen las personas a no ser ni localizadas ni "perfiladas" y de la importancia de la ciberseguridad.

En el ámbito de la libertad de expresión y de información, la Carta prevé que, en el caso de contenidos ilícitos o que lesionen bienes o derechos de un tercero, los prestadores de servicios intermediarios podrán retirarlos de acuerdo con la ley, y en el bloque del derecho a recibir información veraz fija la necesidad de que aclarar si los contenidos han sido por ejemplo elaborados sin intervención humana mediante procesos automatizados o si tienen carácter publicitario.

Algunas fuentes consultadas por Efe han señalado que en estos últimos apartados la carta es demasiado explícita, sobre todo cuando el debate sobre los contenidos que se deben borrar de internet acaba de empezar en Europa y no está todavía suficientemente desarrollado en las leyes.

La Carta incide en que todas las personas deben tener acceso a los servicios digitales de salud en condiciones de igualdad, accesibilidad y universalidad, así como la libre elección de la asistencia presencial, y en que los poderes públicos deben impulsar el acceso a sistemas de telemedicina y teleasistencia, así como a dispositivos tecnológicos desarrollados con fines terapéuticos o asistenciales.