El PSOE quiere que la futura ley contra la trata aborde de pleno la abolición de la prostitución y estima que es el lugar adecuado para legislar sobre proxenetismo y tercería locativa "por coherencia legislativa". Sin embargo, como el horizonte de esta ley aún queda lejano, los socialistas mantendrán su postura abolicionista a través de las enmiendas sobre explotación sexual en la ley del sólo sí es sí.

"Por coherencia legislativa debería ser así, no obstante es un escenario muy abierto aún. Si hubiera ley de trata, por una cuestión de coherencia legislativa, el proxenetismo debería abordarse allí. De momento no hay ley de trata, por lo tanto, el PSOE mantiene sus enmiendas en la ley del sí es sí sobre proxenetismo y tercería locativa", precisan fuentes socialistas a El Periódico de España.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han rehusado pronunciarse sobre este extremo, si bien han subrayado que se sigue trabajando "con discreción" en el texto de la ley de trata y han solicitado respeto por el trabajo de los grupos parlamentarios en lo concerniente a la ley de garantía integral de la libertad sexual.

La próxima semana arrancará en el Congreso de los Diputados la ponencia que debe dar forma definitiva a la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, cuyo plazo de enmiendas concluyó el pasado diciembre. La norma regula el consentimiento expreso en las relaciones sexuales, reforma el Código Penal para acabar con la distinción entre los delitos de abuso y violación y dedica un apartado a la lucha contra la impunidad de la industria proxeneta y la explotación sexual de mujeres y niñas. Este apartado ha generado un profundo debate en sede parlamentaria.

A finales de año, los partidos del Gobierno se emplazaron a consensuar un texto conjunto de proposición de ley contra la trata con fines de explotación sexual de mujeres, niñas y niños. UP y PSOE informaron entonces de que la futura proposición incidirá en que la situación administrativa irregular de las víctimas de trata y de explotación sexual no sea un impedimento para que puedan acceder a sus derechos e incluirá un plan de inserción sociolaboral para mujeres explotadas sexualmente y aquellas que se encuentran en contextos de prostitución, de forma que puedan acceder a alternativas vitales.

Ambos comparten que hay que combatir y erradicar tanto la trata de seres humanos como la explotación sexual y es en este lugar de encuentro en el que pretenden centrarse para la proposición de ley contra la trata con fines de explotación sexual, una iniciativa que forma parte del acuerdo de Gobierno y también es una medida que mandata el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Este jueves, la ministra de Igualdad, Irene Montero, indicaba en un acto organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid que la ley estará "muy centrada en la explotación sexual" y que la protección de los derechos de las mujeres víctimas requerirá una inversión "de largo alcance" que concretaba en 1.000 millones de euros en tres años.

División en torno a la prostitución

Tanto en el Gobierno como en el Parlamento cohabitan diversas posturas políticas sobre la prostitución. El PSOE ha declarado que la abolición de la prostitución es uno de sus grandes objetivos mientras Unidas Podemos no ha cerrado una postura oficial pero sí aboga por combatir la explotación sexual. Está por ver cómo vertebran legalmente los socialistas su proyecto abolicionista.

Los socios parlamentarios del Gobierno ya mostraron en otoño sus reticencias a legislar cuestiones relacionadas con la prostitución en la ley de garantía integral de la libertad sexual. Especialmente conflictiva resulta la introducción de la penalización de la tercería locativa (castigar el alquiler de locales donde se produce explotación sexual) en la ley del sólo sí es sí.

PNV, Cs, ERC, Bildu, JxCat, En Comú Podem y la CUP son contrarios a penalizarla en este proyecto, por lo que sacar estas medidas de este proyecto podría facilitar que saliera adelante con amplios apoyos.

Por su parte, el PSOE se desmarcó de su socio de Gobierno con una enmienda para castigar todo tipo de proxenetismo y todo el alquiler de locales para ejercer la prostitución.

La ley de garantía integral de la libertad sexual encara su recta final -en marzo hará dos años que este anteproyecto pasó por primera vez por la mesa del Consejo de Ministros-, pero aún es una incógnita cuál será su redacción definitiva, especialmente en las cuestiones relativas a la explotación sexual.

En el marco de estas negociaciones, el Consejo General del Poder Judicial pedía reformar con urgencia la ley contra la violencia de género (1/2004) para incluir la violencia sexual y el resto de tipos de violencia contra la mujer recogidos en el Convenio de Estambul.