La testigo clave en el caso de supuesta malversación de fondos en los Bomberos de la Generalitat y que es abogada de la Conselleria d'Interior ha asegurado este lunes ante el juez que desconocía si el 2% que aparecía en una documentación sobre la contratación de un servicio de reparación de vehículos del cuerpo era una comisión ilegal. Las pesquisas se centran ahora en averiguar si existen o no duplicidad de factura (es decir, por un mismo servicio se intenta cobrar dos o tres veces) y si pagos que debía realizarse en el 2019 se hacían efectivos en el ejercicio del 2020. La togado ha vuelto a citar a declarar como imputados a siete cargos de Bombers, entre ellos el exdirector del cuerpo, Manel Pardo, a su sucesor, Joan Delort, y responsable en Cataluña de la empresa contratista.

Por el momento, la jueza ha empezado los interrogatorios con dos testigos. Uno de ellos es la abogada de la Conselleria de Interior que destapó el caso. Pardo utilizó en un encuentro con la letrada un documento impreso en el que con un bolígrafo anotó “+2%”, mientras decía en voz alta: “Estas son las facturas más el 2 por ciento”. La funcionaria pidió explicaciones al alto cargo que respondió: “No nos podemos quejar porque antes la cifra a pagar era mayor”.

La letrada replicó que esperaba que lo que estaba sugiriendo no fuera lo que sospechaba y le advirtió de que trasladaría todo a su superior, el jefe de la asesoría jurídica de Interior, Francesc Claverol, que este lunes también ha declarado como testigo. La letrada hizo algo más: aprovechar un descuido de Pardo para hacerse con el documento. Claverol elevó el suceso al entonces conseller de Interior, Miquel Sàmper, que encargó una información reservada a la secretaria general, Elisabet Abad. Los dos abogados que han declarado ante la magistrada han relatado como sucedieron los hechos, aunque al ser preguntada la letrada de Interior sobre el 2%, esta contestó que no sabía a ciencia cierta que significaba y que, por lo tanto, no podía aseverar que fueran comisiones.

Reconocimiento extraordinario

En el medio de este proceso judicial está la empresa Iturri que se encargaba desde el 2014 de la revisión de los vehículos de los Bomberos de la Generalitat. Según las fuentes consultadas, los presupuestos anuales para este servicio a agotaban antes de finalizar el año y se debía recurrir a lo que se denomina "reconocimiento extrajudicial de crédito", que era aprobado por el Gobierno catalán. Sin embargo, a partir del 2021, la que era secretaria general de la Conselleria d'Interior rechazó seguir con este procedimiento porque no es una figura que, al parecer, pueda usarse en la contratación pública.

En los mismos pliegos de condiciones del contrato, según ha podido comprobar El Periódico de Catalunya, aparecen porcentajes de hasta el 9,5% si se producen retraso de gestión. Fuentes de la defensa de los imputados sitúan el famoso 2% que aparece en los documentos, precisamente, en esos recargos adicionales a la facturación. La juez tiene abierta la investigación por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad y fraude en la contratación. Los imputados declararán a partir del 18 de febrero.