El fallo del Supremo sobre los ERE se conoce apenas unas horas antes de que el gobierno de mayoría absoluta del PP en Andalucía tome posesión. Ha habido tres tomas de posesión de gobiernos andaluces desde que en 2013 la juez Mercedes Alaya señaló, en una forma poco ortodoxa de preimputación porque estaban aforados, a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros cinco consejeros. Ese auto se dio a conocer el mismo día que el primer gabinete de Susana Díaz, designada sucesora de Griñán sin pasar por las urnas, se presentaba en San Telmo. Después, el PSOE volvió a ganar las elecciones en 2015, para perder el poder en 2018 y ser barrido por una contundente mayoría del PP hace unos meses, en junio de 2019. De aquellos polvos estos lodos.

El fallo de los ERE, que da conocer este martes el Supremo, está electoralmente amortizado para el PSOE en Andalucía. Otra cosa es el golpe anímico y el mazazo que supone para muchos, amigos personales o conocidos, que el Alto Tribunal confirme que Griñán deberá entrar en la cárcel. “No se lo merece”, repiten. Algo que sostienen también sus rivales políticos, incluso en las filas del PP, de forma privada.

El caso de los ERE es ya antiguo. La instrucción comenzó en 2011. Hace ya más de una década. El PP cabalgó a lomos de la corrupción socialista y machacó con las barbaridades que, con la instrucción de los ERE, salieron a la luz, hasta conseguir que los propios socialistas lleven años con la cabeza escondida cuando toca hablar de la gestión del PSOE tras 37 años de gobiernos ininterrumpidos en Andalucía. La autoestima del PSOE andaluz está tocada de muerte, por los ERE, por los desmanes destapados y por las derrotas electorales. La confirmación del Supremo de todos los términos más importantes de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenó a 19 cargos públicos de la cúpula socialista en los gobiernos andaluces y habló del desvío de 680 millones de euros públicos en una trama administrativa corrupta montada para beneficiar al partido, es un golpe más anímico que político pero es un mazazo para el PSOE que tiene sobre todo un nombre, el del expresidente José Antonio Griñán. Él eclipsa, es cierto, a otros altos cargos que también tienen pena de prisión: el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, que fue otro factótum del PSOE-A, otro símbolo de una época socialista; la exviceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; el exviceconsejero de Innovación, Jesús Rodríguez Román, y el del exdirector general de Idea, Miguel Ángel Serrano.

‘Cuando ya nada se espera’ (Galaxia Gutenberg), así se titula el libro de memorias a cuya escritura el expresidente andaluz se aferró mientras esperaba una sentencia del caso ERE. Una tabla de salvación, según sus amigos, que le ha mantenido a flote. Es Griñán quien más ha sufrido anímicamente este caso. Debe ser muy distinto tener una condena de inhabilitación con tu carrera política ya acabada que una amenaza de pena de cárcel. Por eso posiblemente el ánimo de Manuel Chaves y el de José Antonio Griñán ha sido muy distinto todos estos años. El primero retomó su vida, de forma discreta y con un ánimo sereno. El segundo se llevó mucho tiempo encerrado, sin salir de casa, arropado solo por su familia y amigos más cercanos, y sumido en un estado de profunda tristeza. “Ha sido durante mucho tiempo un hombre devastado”, dice un amigo muy cercano al expresidente. La sentencia del Supremo la acoge con el móvil lleno de mensajes de ánimo y apoyo y palabras de entereza cuando contesta esas muestras de cariño. Al final se queda con “el patrimonio de los afectos” y en la defensa firme de que tiene una honestidad a “prueba de fuego”. Poco más puede decir un hombre que llegó a la presidencia de la Junta de la mano de su entonces íntimo amigo Chaves, cuando llevaba ya tiempo diciendo que deseaba jubilarse para disfrutar de sus nietos como no disfrutó de sus hijos.

El sucesor inesperado

Griñán fue el sucesor de Chaves en 2009, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, le comunicó lo que ya decían las encuestas, que su ciclo en Andalucía había terminado después de 19 años en la presidencia. Chaves se fue de ministro y Griñán llegó a presidente, tras resistirse porque no era lo que tenía planeado. Su discurso era distinto a lo oído hasta la fecha en las filas del socialismo andaluz. Era el tecnócrata, el hombre culto y erudito, que abominaba de las Juventudes Socialistas, donde decía que se aprendía lo peor de la política. Quería un gobierno de los mejores, con carné o no del PSOE y por eso formó un Ejecutivo que despreciaban los que habían sido pata negra del partido toda la vida en Andalucía. Al final, Griñán y Chaves acabaron peleados, el sucesor quería ocupar todo el poder sin manejos ni tutelas y decidió tirar de la manta en todo lo que a los ERE se refería, atendiendo cumplidamente todas las peticiones de información de la juez Alaya. Sus antecesores en el cargo lo querían matar, directamente. Después se tragó su propio discurso sobre las carreras políticas y la meritocracia y nombró a Susana Díaz presidenta de la Junta.

La sentencia de los ERE no lo juzga como presidente sino como consejero de Hacienda, cargo que ocupaba en parte del periodo instruido, desde 2004. A él le acusan de no haber parado el desvío de fondos públicos aunque la Intervención avisó, en varios informes, que “había humo saliendo de la cocina”, como explicó gráficamente el interventor, absuelto, en la comisión de investigación del Parlamento andaluz. Su sucesora, una médico de familia que nada tenía que ver en los tejemanejes del PSOE andaluz, Carmen Martínez Aguayo, dio un desayuno en la sede de la Consejería de Hacienda cuando ya había relevado a Griñán. Antes era viceconsejera. Allí, entre cafés y bollería, llegó un carrito lleno de papeles. Eran informes de la Intervención. El mensaje era que llegaban a diario cientos de papeles y que nunca se leían todos. Que no llegaban al consejero. Quiso poner un cortafuegos que la justicia ha derribado ya en dos ocasiones. Se hizo un harakiri antológico. Ningún informe de los que enviaron los auditores públicos pulsó el botón el rojo ni hablaba de desvío de fondos públicos. Simplemente señalaban “el humo”, decían que había un agujero insaciable en aquella partida presupuestaria de Trabajo que administraba un director general, Francisco Javier Guerrero, que murió antes de pisar la cárcel y que aseguró a la Guardia Civil en el principio de la instrucción que había “un fondo de reptiles” para tapar urgencias, que con los años sumó casi 700 millones de euros.

Ministro y diputado

A Griñán, diputado en el Congreso, ministro de Sanidad y Consumo (1992-1993) y ministro de Trabajo (1993-1996), no se le acusa de haberse llevado un solo euro público. En realidad, a ninguno de los condenados y castigados con malversación en esta pieza política, que juzgaba el procedimiento empleado repartir el dinero de ese fondo de Empleo. Sí de haber permitido que otros se lo llevaran o de haber fallado en el cometido de vigilar que ese dinero cumpliera su auténtico cometido. Las pólizas de los ERE se siguen aún pagando a día de hoy. El dinero sigue llegando al bolsillo de muchos andaluces cuyas empresas solicitaron esa ayuda pública y salieron agraciados en ‘la lotería’, que, según la justicia, sirvió para alimentar las redes clientelares del PSOE. La parte política, el cerebro de esa tinglado administrativo que permitió el fraude, se salda con penas de inhabilitación y condenas de prevaricación. La parte de Empleo, en el epicentro de la trama, y la de Hacienda e Innovación, de quien dependía el Presupuesto y la Agencia IDEA, pagadora de los ERE, se lleva la parte más dura, las penas de malversación y cárcel. Los abogados seguirán batallando para impedir la entrada en prisión.

Griñán contó en su libro el mazazo, el dolor que sintió, cuando recibió la condena en noviembre de 2019. “Sentí que el aire se adelgazaba y que el ruido de la sala enmudecía”. También cuenta en su biografía que el PP se empeñó en su condena, en una estrategia en la que incluye al entonces ministro de Justicia en el Gobierno de Rajoy, Rafael Catalá. Revela que en una ocasión recibió una llamada telefónica del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a quien le dijo que si en lugar del jefe del Ejecutivo andaluz lo hubiese llamado Juan Ignacio Zoido, se hubiese negado a atenderlo. Meses más tarde se encontró con otro dirigente del PP que le dijo: “Tú estás muy equivocado, a ti quien te jodió no fue Juan Ignacio Zoido, sino Javier Arenas”. Este martes Moreno ha sido muy prudente en una entrevista en Canal Sur tras conocerse la sentencia de los ERE. Ha lamentado la tardanza del proceso judicial y “el calvario para los señores Chaves y Griñán”. Ha dicho tener “sentimientos agridulces”, en un día “triste” porque no le gusta que el caso de los ERE y la corrupción manchen el nombre de Andalucía. Quien desde ayer es su consejero de Presidencia, el peso político más importante de su Gobierno, Antonio Sanz, era secretario general del PP andaluz de Arenas que firmó todas las demandas en un caso en el que este partido fue acusación particular. En privado, los dirigentes del PP andaluz, incluso los que promovieron el caso, admiten lo que no dirán en público, que es “desmesurado” o directamente “injusto” que Griñán tuviera que pisar la cárcel.