El productor televisivo José Luis Moreno, el principal investigado en la 'Operación Titella', ha pedido a la Audiencia Nacional (AN) el archivo de la causa asegurando que "la situación ya es intolerable e insostenible" y criticando que el juez instructor mantenga una imputación "tremendamente gravosa" y "del todo punto insoportable".
En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal, recogido por Europa Press, la representación del ventrílocuo deja claro que no puede "aguardar a los plazos judiciales mientras se destroza la vida de un inocente". "Porque los plazos judiciales no son los mismos para la Administración de Justicia y Ministerio Fiscal, que para los investigados que cada día que pasa ven como poco a poco se arruina su vida", lamentan.
La defensa de Moreno presentó este escrito el jueves después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, rechazase en primera instancia el sobreseimiento de la causa al considerar que no es el momento procesal oportuno alegando que aún quedan diligencias pendientes.
Sin embargo, el productor considera que la AN ya puede, con el "material fáctico existente", realizar una "valoración acerca de la ausencia de indicios delictivos", especialmente "cuando se ha evidenciado la falta de soporte objetivo para poder formular acusación".
"Destrucción personal"
"Esta parte siempre ha sostenido la falsedad de los hechos que se nos atribuyen. Y así lo hemos acreditado. Ha tenido que ser esta parte, el propio investigado, quien durante el último año y medio ha impulsado la investigación, a fin de acreditar nuestra inocencia (a pesar de estar Moreno en todo momento revestido por el manto de su presunción constitucional)", asevera en su escrito.
En su apelación a la Sala, la defensa de Moreno insiste en que "el transcurso del tiempo no es inocuo". "Se ha de reiterar que cada día que transcurre se abunda en su destrucción personal, social, profesional y patrimonial. Lo que esa ilustrísima Sala no puede permitir", afirma su letrado.
Y es que, conceden, aunque "es posible que las iniciales diligencias policiales pudieren justificar en su momento la llamada al procedimiento de Moreno", la situación actual no justifica que siga imputado. "Ya se ha acreditado probatoriamente la falsedad de los hechos que se nos atribuyen, la injusticia de la imputación del señor Rodríguez Moreno, y la procedencia del sobreseimiento y archivo de la causa respecto del mismo", añaden.
Así las cosas, y dejando claro que "lo cierto y verdad es que Moreno jamás ha estafado" a su socio argentino Alejandro Roemmers "ni a absolutamente nadie", su defensa critica que el productor tenga que seguir "soportando la pena de banquillo y telediario y las gravísimas consecuencias que de ello se derivan".
Estafa, blanqueo o asociación ilícita
José Luis Moreno, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, "como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita" a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, "era el principal receptor de los fondos obtenidos".
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", por lo que se ocuparían de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de "empresas pantalla" administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían "grandes cantidades de dinero en efectivo" a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.
