La Policía Nacional ha registrado la vivienda y la empresa del empresario Alberto Luceño, investigado en el caso mascarillas, en el marco de una pieza separada de este procedimiento que tiene como fin intervenir todas sus comunicaciones.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la entrada y registro en la vivienda y en la empresa Takamaka Invest se llevaron a cabo el pasado día 22 por un auto del magistrado que investiga el caso, dictado en el marco de una pieza secreta que abrió el pasado mes de septiembre.
El objeto de esta pieza era intervenir todas las comunicaciones del empresario, tras solicitarlo así la Fiscalía. Una vez practicados los registros el magistrado Adolfo Carretero ha levantado el secreto de la misma, detallan las fuentes.
Hace unos meses, en mayo, el juez denegó la petición de Más Madrid para analizar las llamadas entre los empresarios imputados, varios cargos municipales y el primo del alcalde, argumentando que sería una intromisión en su intimidad obligarles a dar sus teléfonos y analizar las llamadas, que les perjudicaría de modo notorio al tener la condición de testigos y que además estas diligencias serían inútiles para averiguar el delito de estafa investigado.
En cambio el pasado 13 de septiembre el juez dictó un auto en el que decretaba la apertura de una pieza secreta para investigar las comunicaciones de Luceño, con el conocimiento únicamente de la Fiscalía, y el día 22 se produjo la entrada y registro en la casa del empresario y en su empresa. Se desconoce por el momento el contenido de la información obtenida.
Este lunes también se ha conocido un auto de la Audiencia Provincial de Madrid en el que la Sección Tercera respalda la decisión del magistrado del caso mascarillas de no imputar a Luceño un delito de alzamiento de bienes, como había pedido Podemos, que es acusación popular en la causa.
Detalla la Sala que "no existen por el momento datos reveladores de indicios de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública cometido por parte de la mercantil Takamaka Invest SL ni por su administrador y socio único señor Luceño" ya que ese delito requiere que se cause a la hacienda pública o a la seguridad social un perjuicio, lo que aún no se ha concretado
El otro empresario investigado, Luis Medina, sí está imputado por un delito de alzamiento de bienes, aunque el magistrado dejó abierta la puerta, el pasado mes de mayo, a levantar esa imputación cuando conste en la causa la cantidad de la herencia de su abuela que él ofreció para cubrir su fianza.
Luis Medina, hijo del Duque de Feria y de Naty Abascal, ofreció la herencia millonaria de su abuela, la fallecida María Eugenia Fernández de Córdoba, para hacer frente a la fianza de casi 900.000 euros que le impuso el magistrado.
Medina y Luceño están investigados por los presuntos delitos de estafa, falsedad y blanqueo por cobrar 6,9 millones de dólares a través de tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid para la venta de material sanitario, por los que el Consistorio pagó 11,9 millones.
