La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, formada por los presidentes de sus cinco salas y cinco magistrados elegidos entre sus compañeros, han querido mostrar públicamente que "respalda" al presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, a la vez que lamenta que se vea "abocado a renunciar al cargo" para forzar la renovación del órgano de Gobierno de los jueces.

En un comunicado de un par de puntos, adoptados por unanimidad, la Sala de Gobierno ha tomado conocimiento del informe del director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, que establece que sea el presidente de la Sala Primera del alto tribunal, Francisco Marín Castán, el que sustituya a Lesmes, por ser el más antiguo, si finalmente este se ve obligado a dimitir, como ya anunció en la apertura del año judicial en presencia de Felipe VI, al que este miércoles entregará la memoria de la institución de 2021.

Confiar en las Cortes

La Sala de Gobierno, no obstante, también quiere añadir una nota de esperanza. La nota concluye diciendo que "aún confía en que el Congreso de los Diputados y el Senado cumplan sin más demora sus obligaciones constitucionales antes de llegar a este punto”, en el que Lesmes se vea obligado a presentar su dimisión.

Miembros de la Sala de Gobierno han destacado a este diario que la reunión se ha desarrollado en un ambiente "cordial", en el que todos los asistentes han mostrado "su plena coincidencia". Todos consideran imprescindible que se proceda a renovar el Consejo ya, puesto que lleva cuatro años de retraso.

El presidente del Supremo y del CGPJ anunció en el último acto de apertura del año judicial que dimitirá una vez que deje encarrilado el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde al Consejo, si no se produce el relevo del CGPJ que debió producirse en diciembre de 2018.

Pese a esa labor de intermediación desarrollada por el propio Lesmes, no parece probable que esa designación pueda producirse en el pleno del CGPJ de este jueves, puesto que el sector conservador de los vocales sostiene que no tiene candidatos para ser aupados al máximo intérprete de la Constitución y no se reunirá hasta este miércoles. El presidente trasladará el informe sobre su relevo a todos los vocales ese día.

Día intenso

En cualquier caso, esta semana vuelve a ser clave en relación con el bloqueo que sufren el CGPJ y el Tribunal Constitucional, ambos pendientes de la renovación de sus miembros. Las expectativas para superar el desencuentro político que está impidiendo los diferentes nombramientos se centran en el titular de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, que visita desde el jueves nuestro país y que ha añadido a su apretada agenda al presidente del órgano de garantías, Pedro González-Trevijano.

Así lo señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario integrante del grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, fuentes del Tribunal Constitucional, que detallan que el encuentro con González-Trevijano -uno de los magistrados que deberían haber sido renovados el pasado 12 de junio- tendrá lugar este viernes en la sede del órgano. Este órgano tiene pendiente renovar a cuatro de sus magistrados, dos por el Gobierno y los dos del Consejo, lo que supondrá un vuelco en su composición hacia una mayoría de perfil progresista.

Ese mismo día, Reynders tiene agendado un desayuno con prensa en un hotel madrileño y, sobre todo o tras dos citas clave: una reunión con el fiscal general del Estado, Álvaro García, y otra con Lesmes, que parecía fiar a esta reunión una resolución final del conflicto que le evite cumplir con la amenaza que realizó delante de Felipe VI.

Lesmes ya recibió el pasado 15 de junio a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová, con la que abordó diversas cuestiones en relación con el estado de la Justicia en España. Apenas hace unas semanas, Jourová mostró por carta su coincidencia con el duro mensaje expresado por el presidente del CGPJ y subrayó la “urgencia y prioridad absoluta” de renovar el CGPJ y de abordar la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial, "que la Comisión considera necesaria".

Sin mediación

Reynders también se reunirá con la ministra Pilar LlopSerá el jueves. También se ha confirmado un encuentro con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y con al menos dos asociaciones de jueces.

En una entrevista con este diario, la ministra se ha manifestado contraria a que el representante europeo venta a realizar una labor de "mediación", que es lo que el propio Reynders ha sugerido que es su intención desde Bruselas. "No creo que el comisario Reynders se vaya a colocar en una posición mediadora, porque España tiene que demostrar que es una democracia madura y que sus instituciones son capaces de llegar a ese acuerdo para la renovación del CGPJ", ha señalado.

Así, Llop tiene previsto señalar al comisario europeo "que aquí no hay equidistancias, que aquí quien está bloqueando la renovación es sólo una fuerza política, que es la que tiene la clave para desbloquear, porque es con ella con la que se conseguirían los tres quintos de mayoría suficiente para la renovación y que es el Partido Popular". 

También tiene previsto explicarle el actual modelo de designación de los vocales. "Expondré mi visión sobre que no hay estándares en Europa, por más que se empeñen. Hay países en los que ni siquiera hay Consejo General del Poder Judicial y en otros es el propio Ejecutivo el que nombra a los altos cargos judiciales -explicó a este diario. "Nuestro sistema es en el que el Gobierno tiene menos injerencia de todos los países que tienen estos órganos de gobierno".

La visita del comisario Reynders también está presente en la agenda del PP, aunque por el momento no han confirmado ni la hora ni el lugar de ningún encuentro. Los contactos del partido con el comisario y con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, son “fluidos y constantes” en Bruselas, sobre todo de la mano de Esteban González Pons, que además es el responsable de Justicia del PP desde la llegada de Feijóo a Génova.