Anticorrupción pide 19 años a Zaplana por el cobro de comisiones en las ITV y el plan eólico

La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de cárcel contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y por el cobro de comisiones en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico, según el escrito de calificación al que ha tenido acceso Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, y que ha sido notificado a las partes.

Junto a Zaplana también se sentarán en el banquillo el expresidente de la Generalitat y antecesor de Zaplana, José Luis Olivas, además de los hermanos Vicente y Juan Cotino Escrivá, entre otros. La titular del Juzgado de Instrucción 8 de València también ha decretado en un auto la apertura de juicio oral contra Zaplana y catorce personas más por los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa, según el auto notificado también a las partes.

En el escrito de acusación del Fiscal Anticorrupción, el Ministerio Público solicita el decomiso de 20,6 millones de euros de Eduardo Zaplana y el resto de acusados, que es la cantidad que considera que "la organización descrita" movilizó. De estos 20,6 millones, 6,7 millones ya fueron entregados al Juzgado de Instrucción por uno de los presuntos testaferros de Zaplana, Fernando Belhot. La justicia también ha decomisado 126.651 euros en una cuenta a Zaplana, 342.254 euros al exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y hasta 981.392 euros a la cuenta de la empresa Costera del Glorio, propiedad de otro de los presuntos testaferros de Zaplana. A Vicente y Juan Cotino, la Fiscalía pide el decomiso de 10,5 millones de euros, "correspondiente a las dádivas entregadas por la familia del fallecido expresidente de las Corts, Juan Cotino.

Respecto al resto de penas, el amigo de la infancia y presunto testaferro de Zaplana, Miguel Barceló, se enfrenta a ocho años de prisión; al igual que Francisco Grau, el presunto cerebro financiero de la trama, y Mitsouko Henríquez, la secretaria de Zaplana. El exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, Juan Francisco García, también se enfrenta a una pena de cárcel de catorce años de prisión, al igual que Vicente y José Cotino Escrivá. Para el expresidente José Luis Olivas la Fiscalía Anticorrupción también reclama seis años de cárcel. Y otros cinco para Elvira Suanzes, exdiputada del PP en las Corts y amiga personal de Zaplana, y su hermano Saturnino Suanzes.

Respecto al auto de juicio oral, la magistrada relata que Eduardo Zaplana "durante su extensa carrera política formó un grupo de personas cercanas con la finalidad de obtener beneficios ilícitos gracias a la posición institucional y de gobierno que le permitía realizar acción efectiva institucional en su propio beneficio e interés contando con la colaboración del núcleo de personas formado principalmente por los acusados Joaquín Miguel Barceló Llorens, Francisco Grau Jornet , Juan Francisco García Gómez y Mitsouko Florida Henríquez Alcántara cada uno de los cuales ostentaba una función dentro del organigrama diseñado por el acusado para lucrarse a través de las diferentes formas de contratación y de gestión de servicios públicos en su más amplia expresión". La magistrada añade que "la organización diseñada empleaba sociedades radicadas en el extranjero , en diferentes países y que estaban creadas con el propósito tanto de recibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas , como para ocultar el origen ilícito de los bienes contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico".

La titular del Juzgado de Instrucción 8 añade respecto a los Cotino que "en la búsqueda de dicho benefició ilícito" Zaplana y su círculo de confianza "se concertaron con los también acusados Vicente Cotino Escrivá , José Cotino Escriva y con el investigado fallecido Juan Gabriel Cotino Ferrer, éste último también político de profesión , del mismo partido político que el acusado Eduardo Zaplana, habiendo ostentado importantes cargos públicos", como director general de la Policía, delegado del Gobierno, vicepresidente del Consell y conseller y presidente de las Corts Valencianes.

Respecto a los hermanos Cotino Escrivá, la magistrada relata "forman parte de un grupo empresarial (Sedesa) ostentando su dirección a través de Asedes Capital (Servicios De Excavaciones SA), creando en el concierto la estructura societaria para obtener en una primera fase la adjudicación amañada de concesiones públicas de acuerdo con la organización liderada por Eduardo Zaplana y que daba el soporte político e institucional para conseguir sus propósitos simulando una adjudicación aparentemente formal y legal".