La imputación de un capitán de la Guardia Civil 'dinamita' una investigación sobre narcotráfico

La imputación de un capitán de la Guardia Civil ha 'dinamitado' una investigación sobre blanqueo de capitales del narcotráfico que desarrolla la Audiencia Nacional. Esta es la principal conclusión que se desprende de un auto de 24 de julio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que los magistrados obligan al juez Santiago Pedraz a mantener en el sumario una parte esencial de un informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil que según las defensas de los imputados evidencia la existencia de "posibles anomalías" en las pesquisas policiales.

"El expurgo acordado judicialmente no abarcará a aquellas carpetas en las que figuren que un funcionario de la Guardia Civil simultáneamente estaba realizando actos de investigación sobre el recurrente que, en principio, no pueden efectuarse en el mismo período cronológico, como son los alegados actos de vigilancia y las alegadas tomas de datos mediante la consulta de bases policiales", especifica la resolución de la Sala, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica. Además, los jueces destacan que los abogados denuncian que los seguimientos supuestamente realizados a sus clientes en 2020 no incluyen fotografías o vídeos de los sospechosos, sino sólo imágenes "extraídas de Google Maps".

Con esta decisión los magistrados pretenden "clarificar" las circunstancias de la investigación desplegada por el ahora capitán de la Guardia Civil -los hechos se remontan a un periodo de tiempo en el que era teniente-, cuyo nombre responde a las iniciales E.C.A, y que se pueda "contrastar la información facilitada por la Guardia Civil con las eventuales declaraciones que pudieran acordarse".

También un sargento

Precisamente este martes el juez Pedraz interrogará como investigado al sargento de la Guardia Civil Sergio Bravo, perteneciente al Grupo de Delitos Económicos, que fue grabado reconociendo de forma "explícita y directa" que se usaron balizas de seguimiento sin autorización legal y que se presentaron informes sobre vigilancias que nunca se produjeron, tal y como adelantó el diario digital 'Economist & Jurist'.

Uno de los imputados por narcotráfico denunció también que determinadas vigilancias sobre los investigados no se efectuaron. Y lo trató de acreditar señalando que mientras las actas ubican a los agentes de ese grupo al que pertenecía el sargento en seguimientos de este caso, "en realidad se encontraban en su unidad realizando gestiones relacionadas con el (caso) 8-M". También aportó metadatos de correos electrónicos y de impresoras utilizadas, así como citaciones para testigos firmadas por agentes de esa unidad.

También en el caso del capitán de la Guardia Civil investigado el abogado de un supuesto narco aseguraba que la información aportada también mostraba a los agentes en dos lugares distintos al mismo tiempo: haciendo seguimientos en el exterior y buscando en bases policiales en la comisaría. "La defensa de este último ha detectado, en el examen de la documentación recibida de la Unidad actuante de la Guardia Civil, determinados defectos y contradicciones que pudieran convertirse en irregularidades procesales afectantes a su patrocinado, como ocurre con la toma de datos de dicha persona por concretos funcionarios investigadores que simultáneamente figuraban realizando otras diligencias de investigación", prosiguen los magistrados en el auto de 24 de julio.

Vigilancias de 2020

Tanto Pedraz como la Fiscalía habían acordado excluir de la causa todos los datos que no estuvieran referidos únicamente al capitán. Sin embargo, los abogados de los imputados detectaron contradicciones de "extrema relevancia" para sus clientes. Encontraron "unos datos donde se pueden comprobar las visitas a las bases de datos policiales por parte de los agentes investigadores, cuyos hallazgos realizados vienen a corroborar las dudas sobre cómo se produjeron y en qué contexto las vigilancias a partir de mayo de 2020", dice el auto.

Y por ello, las defensas de los supuestos blanqueadores del dinero de la droga concluyen que la Guardia Civil había entregado a Pedraz, "por error" y "sin pretenderlo", un informe que desvelaba supuestas "contradicciones que podrían dar lugar incluso a la nulidad" de las pesquisas. Esta actuación, prosiguen los letrados, pone en cuestión "la presunción de veracidad de que goza la intervención de los funcionarios de la Cuerpos y Fuerzas de Seguridaddel Estado".

La Sala recuerda, además, que la Guardia Civil aportó un informe "de auditoría", que contenía datos, no sólo del capitán investigado (E.C.A), sino también información de las comprobaciones sobre la presunta actividad criminal de otros imputados. Y este dosier policial fue examinado por los implicados en la causa, que llegaron a la conclusión "de la existencia de supuestos defectos e irregularidades", por lo que reclamaron que este informe se mantuviera íntegro en el sumario. Por eso, el auto de 24 de julio la Sala mantiene en el caso una parte esencial del informe, pues creen que su inclusión propiciará "la clarificación de los posibles defectos detectados".

Vigilancias inventadas

En el caso del sargento que deberá declarar este martes, el abogado del supuesto narco asegura que el origen de los audios captados al agente se encuentra en las grabaciones de una mujer con la que el citado agente mantuvo una relación sentimental de meses y que, "casualidad inesperada", resultó ser amiga también de uno de los imputados en la Audiencia Nacional. Dado que vio que las ilegalidades que le contaba el sargento afectaban a su amigo, y puesto que le había grabado y guardaba conversaciones de Whatsapp, lo puso en conocimiento de este último y le manifestó que estaba dispuesta a colaborar en la investigación.

Este letrado considera que estas grabaciones son una prueba de la "mendacidad" de los informes de la Guardia Civil, al mismo que alerta sobre "graves incoherencias" en las pesquisas. Como por ejemplo tales como afirmar en un acta de vigilancia que una persona era titular de un vehículo cuando no lo fue hasta meses después. "Claramente pone de manifiesto que la vigilancia no se realizó y que su falsa acta se redactó -con suma torpeza- a posteriori", explica.

En una grabación de una conversación que mantiene la mujer con el sargento el 21 de abril de 2023, aportada a la causa, éste explica que a uno de los investigados le "metieron un micro" en el coche tras ser detenido para ir "rascando" por lo que pudiera contar. "Y el tío diciendo que bueno, que mi jefe va a por ellos, que no sabe por qué. A por su hermana, que no sabe por qué. Que tiene algo, que nosotros somos súper ilegales, que le metemos balizas ilegales, que nos inventamos seguimientos... Cosas que son verdad. Que se la hemos liado. ¡Vamos que si se la hemos liado! ¡Les hemos hecho de todo! Pero es que si no a esta gente cómo les pillas", recoge la transcripción.

Al igual que en el caso del capitán de la Guardia Civil, la acusación contra el sargento revela que las actas de vigilancia que se produjeron entre mayo y septiembre de 2020 fueron ilustradas por los agentes con imágenes obtenidas de Google Maps. Los imputados defienden que durante los primeros cuatro meses no se les investigó y por tanto las actas son falsas.

'Caso Cuarteles'

El 'caso Cuarteles', destapado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, también sale a relucir en las conversaciones. En concreto, el sargento señala que estuvo destinado en la jefatura de gestión económica donde, asegura, se producían actos de corrupción de forma generalizada.

"Vale pillábamos pasta, se ha hecho así toda la vida, (...) es un sitio que no se trabaja en la calle, operativamente cero, y se dedica a pagar las obras en cuarteles, gente por dietas, a pagar de todo lo que haya", recuerda con su pareja a la que confiesa que decidió irse de esa jefatura porque no le gustó "el percal".