La causa penal contra Colau por las 'superilles' se amplia a fraude de subvenciones

La jueza que instruye la causa penal contra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las 'superillas' del Eixample, ha ampliado la investigación a la supuesta comisión de un presunto fraude de subvenciones, al haberse construido los ejes verdes con fondos provinientes de la Unión Europea. La magistrada Carmen Suárez Vázquez ha admitido la ampliación de querella que interpuso el arquitecto jefe del consistorio en la época de Pasqual Maragall, Josep Antoni Acebillo, y los abogados Francesc Jufresa y Ferràn Grasas, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica.

De esta manera, la togada extiende las pesquisas que, hasta ahora, se circunscribían a delitos urbanísticos, al no haberse modicado previamente el planeamiento urbanístico vigente, y una presunta malversación de fondos. En este proceso también figura la exteniente de la alcaldía Janet Sanz.

La amplicación de querella expone que el Ayuntamiento de Barcelona destinó 25,9 millones de euros de los fondos europeos que percibió (75 millones en total) para el programa de las 'superillas' y recuerda que las bases reguladoras para el programa de ayudas para la implantanción de zonas de baja emisión establece que solo se podrán obtener los fondos las actuaciones que cumplan "con la normativa sectoral que les sea aplicable".

El exarquitecto jefe de Barcelona y sus abogados consideran, en este sentido, que, en viturd de la aplicación de la legislación urbanística, "la actuación municipal" sobre las 'superilles' del Eixample "contravine frontalmente" las normas establecidas en el Plan General Municipal de Barcelona, que "no ha sufrido ninguna modificación" aprobada por los órganos competentes (pleno municipal y Generalitat) para la supresión de la circulación viaria.

En consecuencia, para los querellantes se podría haber cometido un delito fraude de subenviones, que sanciona a quienes obtienen ayudas de las administraciones públicas, incluída la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a los 100.000 euros, "falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido".

Informe justificativo

La ampliación de la querella también recuerda que la orden que regula las subvenciones para la implantación de zonas de baja emisión obliga al Ayuntamiento de Barcelona a justificar con aportación de un informe de la intervención general que los fondos recibidos se han empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada. Por esta razón, la jueza ha acordado que se requiera al secretario de la corporación municipal que aporte dichos informes.

La jueza, por otra parte, ha rechazado el recurso presentado por Janet Sanz, al que se adhirió Colau, contra el auto en que admitía a trámite la querella y acordaba solicitar, entre otros cuestiones, los expedientes de las obras del plan de la 'superilla' del l'Eixample, así como los informes emitidos para su aprobación, las personas que asistieron a la comisión de gobierno celebrada el 26 de mayo de 2022 en el que avaló los proyectos de reurbanización y las memorias de estas iniciativas, entre otra documentación.

En su resolución, la magistada sostiene que "no se ha aportado" al proceso "elemento alguno" que permita acreditar que se aprobó una modificación del Planeamiento Municipal que justiricaría la actuación urbanística llevada a cabo en el Eixample, ni que se haya producido uns "modificación esencial" de la funcionalidad del sistema viario, el cual "se ha suprimido".