El Gobierno pone en cuarentena la Conferencia de Presidentes que pide Feijóo hasta pasar las gallegas

Los barones del PP tendrán que seguir esperando por la convocatoria de una Conferencia de Presidentes. El Gobierno ha puesto en cuarentena la celebración de este foro. Al menos, hasta después de las elecciones gallegas. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, volvió a reclamar a Pedro Sánchez que se convoque tras los últimos pactos con Junts a cambio de su abstención a los tres primeros decretos de la legislatura. “No sube las pensiones ni baja la luz”, replican con ironía desde el PSOE para rebajar las prisas de los populares. En esta línea, las mismas fuentes añaden que “si de verdad tiene algún interés en la marcha del país, que se hubiese preocupado de las cosas del comer y no de votar en contra de once millones de pensionistas”, informa EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Desde el ministerio de Política Territorial remiten a Moncloa, recordando que es potestad del presidente del Gobierno convocar el foro multilateral con las comunidades autonómicas, mientras que en el Ejecutivo dejan entrever que no está en sus planes a corto plazo. Oficialmente, por la falta de consenso para fijar un orden del día con asuntos relativos a la “cogobernanza” y los ámbitos competenciales de las CCAA. Los populares quieren debatir sobre los pactos con los independentistas y sus efectos en la igualdad territorial o la independencia judicial, además del modelo de financiación autonómica.

El PP abre otra vía de ataque a Sánchez más allá de la amnistía con el pacto sobre las competencias con Junts

Oficiosamente, el ciclo electoral no ayuda a limar los tintes partidistas del debate. Tampoco a repetir una foto con la presencia de todos los presidentes autonómicos. Pere Aragonés ya mantuvo una reunión bilateral con Pedro Sánchez el pasado 21 de diciembre en Barcelona. Iñigo Urkullu, que no repetirá como candidato, tampoco estaría en el escenario más propicio para acudir tras redoblar los jeltzales en precampaña su apuesta estratégica por el bilateralismo.

Además de las gallegas del próximo 18 de febrero, en este primer semestre del año se celebrarán las vascas. Todavía sin fecha, pero que previsiblemente se celebarían en el mes de abril, para iniciar la campaña tras Semana Santa. Por último, las elecciones europeas están fijadas para el 9 de junio. De ahí que los socialistas entren en el enfrentamiento directo con Feijóo y le respondan que “para convocar la Conferencia de Presidentes debería haber logrado ser presidente del Gobierno”.

Al margen del reglamento

El retraso en la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, sin embargo, choca contra el nuevo reglamento. En la última modificación del texto, promovida por el propio Gobierno y aprobada con consenso de las diferentes CCAA, se estableció la celebración de un mínimo de dos reuniones al año. La última se convocó en marzo de 2022. En el Ejecutivo justifican el retraso por las sucesivas convocatorias electorales del pasado año y los meses en los que se estuvo en funciones.

Las discrepancias sobre los asuntos a tratar tampoco se sostienen en el reglamento. Tanto una mayoría de las comunidades autónomas, que ahora gobiernan los populares, como el Senado, bajo el control del PP con mayoría absoluta, tienen potestad para condicionar el orden del día.

Con carácter de urgencia

"Hace semanas, la mayoría de los presidentes autonómicos pidieron la Conferencia de Presidentes y Sánchez tiene la obligación de convocarla", criticaba el pasado jueves el líder del PP, para fijar su ofensiva en el acuerdo para delegar a la Generalitat la competencia en política migratoria. Varios dirigentes autonómicos como el valenciano Carlos Mazón, la balear Marga Prohens, el murciano Fernando López Miras o el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, también muy golpeada por la inmigración irregular, volvieron a exigir una Conferencia de Presidentes. Ahora, con carácter urgente. Los conservadores entienden que Sánchez debe explicar ya los detalles del acuerdo.

El Gobierno se está afanando en matizar, rebajar y, sobre todo, diluir en un 'café para todos' el paquete de concesiones del PSOE a Junts para evitar su veto a los tres primeros decretos de la legislatura. Una lógica que se impondrá en una buena parte de los asuntos pactados a cambio de su abstención. Al menos, en materia de transporte y de balanzas fiscales. Pero el Gobierno tampoco se ha cerrado a traspasar las competencias de inmigración a otros territorios. El pasado viernes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalaba que la delegación de la competencia en inmigración pactada con Junts para la Generalitat podría ser “replicable” por otros territorios.

El PSOE pactó con el PNV en el acuerdo de investidura ceder en un primer paquete de transferencias las competencias relativas a fijar los itinerarios de inclusión del sistema estatal de acogida. Ahora, tras conocerse el acuerdo con Junts, los jeltzales avanzaron que subirían el listón de sus reclamaciones para pedir un traspaso “integral” si este se materializaba en el caso de Cataluña. Pese a abrirse a este ‘café para todos’, en el Ejecutivo dudan del interés de otras comunidades autónomas por la “complejidad” de la gestión de dichas competencias.