Los abogados llevan a los tribunales la filtración por la Fiscalía del pacto ofrecido por la pareja de Ayuso

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se enfrenta frontalmente a la Fiscalía a cuenta del caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Tras una reunión de su Junta de Gobierno, ha anunciado que emprenderá acciones penales por el contenido de la "nota informativa" por la que la Fiscalía Provincial de Madrid dio cuenta del ofrecimiento de un pacto por parte del abogado del empresario, dirigido a rebajar las consecuencias del fraude fiscal por el que ha sido denunciado. Considera que lo ocurrido es "de una gravedad sin precedentes" y supone una "ruptura" de los principios de confidencialidad y del secreto profesional abogado-cliente que afecta de forma directa al derecho de defensa.

Las denuncias persiguen la identificación de los autores de la filtración, según ha explicado el decano del Colegio, Eugenio Ribón, en una comparecencia pública. Entiende el Colegio que puede haber delitos de revelación de secretos e "infidelidad en la custodia de documentos".

Además de la acción penal, se pondrá una denuncia por la vía administrativa que persigue una sanción disciplinaria de los responsables. Por otra parte, el Colegio "insta enérgicamente" a sus colegiados a evitar el uso del actual protocolo de conformidades, que existe desde 2009 para regular los pactos previos a los juicios "hasta que no se establezcan mecanismo reforzado de confidencialidad".

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Ribón se ha mostrado muy contundente sobre las consecuencias que, a juicio de la Junta de Gobierno del Colegio, debe tener la elaboración de la citada nota --cuya responsabilidad ha asumido la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez- y su distribución a la opinión pública, en la que los dirigentes del colegio ven "una vulneración sin paliativos del artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece como pauta general de actuación el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados".

El decano, acompañado de la vicedecana Isabel Winkels y otros miembros de la Junta, ha iniciado su comparecencia mencionando el artículo 24 de la Constitución, que establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". Seguidamente, ha señalado que "el derecho de defensa, al que se deben los abogados, es sagrado e inviolable: es una garantía para la sociedad, pieza básica del Estado de Derecho y un principio fundamental sobre el que se asienta nuestro sistema de justicia".

A preguntas sobre filtraciones previas a medios de comunicación sobre una parte de los intercambios entre el fiscal del caso y el abogado, Ribón ha replicado que cualquier revelación es "indeseable" pero "el ICAM no puede darle "trascendencia jurídica" a esas informaciones. "Otra cosa es un comunicado oficial en el que se detalla con todo lujo de detalles los pormenores de estos datos", ha puntualizado.

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Igualmente, ha desvinculado del acuerdo alcanzado esta tarde con la reciente llegada a este organismo de Luis Banciella, quien hasta ahora era jefe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Díaz Ayuso. Tampoco da importancia a la carta que el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dirigido este lunes al Consejo General de la Abogacía Española, el órgano que representa a todos los colegios de abogados de España, para explicar la actuación de la Fiscalía Provincial de Madrid  en este asunto.

El fiscal general defiende ante los abogados que la información sobre la pareja de Ayuso salvaguardó el deber de reserva

García Ortiz defiende que la "nota informativa" salvaguardó el deber de reserva y no afecta al derecho de defensa. Pretendía con ella apaciguar los ánimos de la Abogacía tras la polémica suscitada por el contenido de la nota de la Fiscalía de Madrid, que ya obligó a una reunión de urgencia el pasado viernes en la que los letrados rechazaron un comunicado conjunto que zanjara la cuestión. Preguntado por este asunto, Ribón ha señalado que él no ha recibido ninguna carta del fiscal pero que, frente a su iniciativa de consenso, considera que lo ocurrido no debe resolverse "ni con comunicado ni con soneto con rima consonante".

En la misiva, el fiscal general subraya que es "incontrovertiblemente alejado de la verdad" que el objetivo y voluntad de la Fiscalía "pueda ser interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente y, más aún, revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al Ministerio Fiscal". Por parte del CGAE se ha señalado a este diario que no habrá respuesta a esta carta el lunes, y que el viernes se tratará previsiblemente este asunto en el Pleno que celebrará esta institución.

La información revelada permitió conocer que el pasado 2 de marzo el abogado Carlos Neira comunicó a la Fiscalía que era voluntad de su cliente alcanzar una conformidad penal, reconociendo los delitos cometidos. La respuesta del representante del Ministerio Público al que le corresponde el caso llegó diez días más tarde, el pasado 12 de marzo. En su comunicación, el fiscal Julián Salto Torres adjuntaba copia de la denuncia presentada en los Juzgados de Madrid y añadía que, aunque ésta afecta también a otras personas, "no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible".