13 millones de fianza para los Ruiz-Mateos

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha admitido a trámite una querella por estafa contra José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, sus seis hijos varones y un sobrino, presentada por 63 querellantes que, junto a dos denunciantes, invirtieron un total de 9,44 millones de euros en pagarés de Nueva Rumasa, parte de ellos en la emisión que se realizó a través de la filial extremeña Carcesa.

El magistrado ha adoptado esta decisión en un auto dictado después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara el jueves la admisión a trámite de la querella, en un escrito en el que señalaba que se han identificado a 1.017 inversores que suscribieron pagarés de distintas empresas de Nueva Rumasa por un importe de 90.496.357 euros, según los datos disponibles hasta diciembre de 2009. En total, La familia Ruiz Mateos ingresó 140 millones de euros por los pagarés, la mitad de ellos a través de las emisiones de Carcesa (Apis y Fruco).

Ruz, que se declara competente porque hay multiplicidad de perjudicados en más de una Audiencia, fija para los responsables de Nueva Rumasa una fianza de 13 millones de euros para posibles indemnizaciones a los afectados. Deberán abonarla una vez que el magistrado tenga la información recabada de los distintos registros mercantiles.

LA DENUNCIA La querella que han interpuesto 63 inversores --asesorados por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, delito contra los consumidores y administración desleal-- se dirige también de forma directa contra Carcesa, Inversiones Ruiz Mateos, Nueva Rumasa, José M. Ruiz-Mateos, Rumanova, Maspalomas Hoteles, Dhul y Clesa.

El juez hace suyos los argumentos de la Fiscalía y rechaza la petición de extender la querella a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España, como responsables civiles subsidiarios, tal y como piden los querellantes. Asegura que del examen de las actuaciones, tanto del contenido en la denuncia y querella interpuesta, como de lo informado por el Ministerio Fiscal, se deduce una apreciación de estar ante "defraudaciones que produzcan o hayan podido producir un perjuicio patrimonial de entidad relevante en una generalidad de afectados en un ámbito territorial supraprovincial".

En cuanto a la estimación del perjuicio patrimonial causado, el juez apunta que al no poder precisar el importe exacto de todas las inversiones vencidas que no han sido reintegradas, la instrucción deberá delimitar con la mayor precisión el destino último dado por los denunciados y querellados a las cantidades desembolsadas por los inversores. El juez designa a dos funcionarios de la Agencia de Administración Tributaria para que analicen toda la documentación de contenido económico-financiero objeto de la investigación. Dispone, además, a la Unidad Central de la Delincuencia Económica y Fiscal como fuerza policial en estas diligencias para que practique cuantas actuaciones estime sean necesarias.

LAS CUENTAS El juez solicita también al registro mercantil las cuentas de 2009 y 2010 de Carcesa, al igual que lo hace en los casos de otras diez empresas: José M. Ruiz-Mateos, Inversiones Ruiz-Mateos, Nueva Rumasa, Clesa, Rumanova, Bardajera, Maspalomas Hoteles, Hibramer, Grupo Dhul y Bodegas Valdivia de Cádiz. Reclama también a los juzgados mercantiles competentes los autos de declaración de concurso de acreedores y la remisión de los informes de las administraciones concursales, una vez realizados, de Carcesa, Clesa, Hibramer, Grupo Dhul y Bodegas Valdivia de Cádiz.

El consejero delegado de Rumasa, José María Ruiz-Mateos Rivero, declaró a Efe que la familia está "tranquila" porque "ha obrado con absoluta buena fe". "Siempre hemos informado a los inversores del destino de las inversiones, y sabían del riesgo que existía como en cualquier empresa privada; otra cuestión es que después las cosas no hayan salido como esperábamos", manifestó Ruiz-Mateos Rivero, remarcando que no han intentado "engañar o estafar como dice la querella".