La juez Alaya pide información a la Junta sobre tres contratos de 2013

La juez Alaya, que activó la operación 'Madeja' en la que se detuvo el pasado 11 de noviembre a un funcionario extremeño de la Consejería de Fomento, ha librado un mandamiento a la Junta de Extremadura para que le facilite información sobre diversos contratos que obtuvieron en la región las empresas Fitonovo, Conversa y Fiverde. Ahora, pide información en concreto de tres adjudicaciones del año 2013 pero los cargos imputados contra el jefe de Carreteras de la Consejería en los últimos diez años. Estos contratos ya los tiene en su poder en el registro que realizó la UCO en la propia Consejería de Fomento el pasado 11 de noviembre, cuando detuvo al funcionario.

Además, la magistrada investiga si este funcionario imputado, José María Pizarro Gómez, desde su puesto de Jefe de Carreteras, recibió comisiones ilegales de dichas sociedades, por lo que los representantes legales de estas empresas deberán de prestar declaración sobre el caso.

En concreto, en un auto firmado en Sevilla este pasado lunes, y conocido ayer, la titular del Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla, ordena que se libre mandamiento a la Junta de Extremadura para que se le facilite el contrato de desbroce por importe de 40.750 euros adjudicado a Fitonovo S.L. (en el que haya intervenido el jefe de Carreteras) en el año 2013 y en el que las empresas "invitadas" a participar en el mismo fueron la propia Fitonovo y dos más creadas por la propia estructura de esta sociedad para hacer crear que era un concurso donde había competencia de ofertas cuando en realidad eran sociedades 'pantalla'. En este caso, se trató de 'Conversa SL' y 'Fiverde SL'.

Además, Alaya también solicita a la Junta el contrato para la zona de Plasencia y también el de Zafra, ambos del año 2013, por un importe de 50.000 euros cada uno que se adjudicaron también a Fitonovo.

En otro orden de cosas, Alaya ordena que se deduzca testimonio de los "particulares" relativos a las "posibles comisiones ilegales abonadas al imputado José María Pizarro Gómez por la presunta adjudicación fraudulenta de contratos a las entidades Seanto, Atoran Ingeniería y Conversación, Extrenatura y Mesa del Río, S.A., testimonio que será remitido al Decanato de los Juzgados de Mérida a los efectos oportunos". Ayala cree que el funcionario cobró en sobornos 66.050 euros por dichas adjudicaciones.

Dentro del mismo auto, Alaya cita para el próximo 8 de enero como imputado al representante legal de la empresa Fitonovo, a la que acusa de formar una "organización criminal jerarquizada" que se extendió por todo el país pagando sobornos a políticos y a funcionarios para obtener contratos públicos. También libra mandamiento al Cabildo de Lanzarote, sobre varios expedientes de podas en Andalucía en la A-92 y la red de saneamiento del Parque María Luisa de Sevilla.