Se acabó el conflicto por la fecha de incorporación de los docentes interinos extremeños con vacante para todo el curso escolar. La Consejería de Educación acatará lo que dice que la justicia y a partir del próximo curso tendrán que incorporarse el 1 de septiembre, el mismo día que lo hacen los docentes con plaza en propiedad. Pero además asumirá las consecuencias por no haberlos contratado desde el primer día de curso en los últimos cuatro años. El secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, ha explicado que la Junta reconocerá de oficio a unos 2.700 docentes interinos de la región los primeros días de septiembre que no fueron contratados desde el curso 2017/2018, tanto en el aspecto económico como en los méritos.

Estima que, además del reconocimiento administrativo, deberán abonar entre 6,8 y siete millones de euros a estos 2.700 interinos. De estos, unos 880 son del cuerpo de maestros a los que se les adeuda entre 9 y 10 días por curso escolar, y otros 1.800 son docentes del cuerpo de profesores a los que tendrán que pagar entre 4 y 5 días por año escolar. Los profesores tienen menos días pendientes porque suelen cesar sus contratos anualmente el 3 o 4 de septiembre para llevar a cabo la convocatoria extraordinaria de exámenes, mientras los maestros terminan su relación escolar cada 31 de agosto.

De esta manera, ha precisado Amaya, se casan las dos sentencias que sobre este asunto han ganado en diferentes órganos judiciales dos sindicatos en la región: CSIF y PIDE.

La última sentencia la emitió el Tribunal Supremo la semana pasada. En ella, desestima el recurso de la Junta presentado contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) que daba la razón al sindicato CSIF y obligaba a la incorporación de los interinos desde el 1 de septiembre. Ahora, tras la confirmación del Supremo, la sentencia ya es firme. "Esta administración es seria, responsable y respetuosa con la decisión de la justicia", ha apuntado Amaya.

Además, el sindicato PIDE también tiene una sentencia a su favor, también firme y "ya ejecutada", que obliga a la Junta a reconocer los derechos de un interino en concreto, tanto en el ámbito económico como méritos, y a pagar a este con una retroactividad de cuatro año, según ha explicado Amaya.

El secretario general de Educación ha apelado ahora a estos dos sindicatos a sentarse con la administración para negociar las condiciones de esos pagos, cómo y cuándo se realizarán. "Cuando se negocien estos aspectos (en cuanto a plazos), se verá cómo se reflejará luego en las cuentas de la Junta de Extremadura", señalan desde la consejería. Recuerdan que se podría hacer mediante una enmienda en los Presupuestos Generales de Extremadura o posteriormente en la ejecución del presupuesto.