La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha detectado 59 infracciones en empresas extremeñas en relación con la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (erte). Unas irregularidades que han supuesto sanciones por importe de 193.914,8 euros. En total, de acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a fecha de 31 de diciembre pasado se habían iniciado en la comunidad autónoma 739 expedientes dentro de la campaña de lucha contra este tipo de fraudes, de los que se habían cerrado 548, con lo que el promedio de las actuaciones inspectoras que han acabado en multa ronda el 11%. En cualquier caso, se resalta desde el departamento que dirige Yolanda Díaz, «la campaña continúa abierta por lo que no son datos definitivos».
Las actuaciones arrancaron en abril y se ha desarrollado con una doble vertiente. Por un lado, localizar situaciones de afiliación o alta a la Seguridad Social indebidas tras la declaración del estado de alarma para acogerse posteriormente a una medida de este tipo, y perseguir también la creación de empresas ficticias. Por otro, sacar a la luz la percepción fraudulenta de prestaciones por desempleo en ertes vinculados al covid-19 «en situaciones de actividad laboral, más frecuentes, según se observa, en la modalidad de teletrabajo», precisaba el ministerio en una nota explicativa de esta campaña.
Datos nacionales
En todo el país, en el 2020 se ha tenido conocimiento de 3.635 infracciones en relación con los ertes en empresas, a las que se ha sancionado por un importe total de 16,5 millones de euros. Se han finalizado 24.606 procedimientos, por lo que la proporción de ellos que han tenido sanción ronda el 15%. «En Extremadura la verdad es que estamos viendo muchas menos infracciones de las esperadas. Las pocas que se han encontrado, y se han investigado multitud de expedientes de regulación de empleo, son de empresas que han pedido expedientes a lo mejor por cuatro horas pero que vemos que se está trabajando más tiempo, es decir, que están compatibilizando desempleo con trabajo, pero son los menos de los casos», apuntan fuentes de la Inspección de Trabajo en Extremadura, que inciden en que a pesar de que el número de actuaciones inspectoras es escaso en relación al total de expediente solicitados, eso no quiere decir que no se haya revisado un número muy superior de ellos. «Desde marzo para acá habremos examinado casi todos los expedientes de regulación. Hemos tenido poquitas denuncias al respecto y en los controles que hemos hecho no hemos detectado grandes irregularidades», se esgrime.
No obstante, sí se apunta que «necesitamos urgentemente una normativa para controlar el teletrabajo y el trabajo desde casa». «Es el principal problema que no podemos atajar, porque no tenemos ni capacidad ni una ley que nos ampare. Muchas empresas se han acogido a la modalidad de teletrabajo y también han reducido la jornada laboral, pero es imposible controlar si se están haciendo más horas, porque yo no puedo entrar en un domicilio particular», se arguye.
Para Alberto Franco, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO de Extremadura, las cifras de sanciones apenas son reveladoras del nivel de incumplimiento. «Son pocas las visitas que se están realizando desde la Inspección de Trabajo. Hay que tener en cuenta que hemos tenido más de 10.000 ertes en Extremadura. Hay mucho fraude, lo que ocurre que es no es posible demostrarlo porque faltan inspectores», argumenta. Si bien reconoce la labor «fundamental» que realiza este cuerpo de funcionarios, también considera que cuenta con «pocos» efectivos, «sobre todo teniendo en cuenta la dispersión geográfica de nuestra región». «Nos llegan trabajadores al sindicato del sector servicios, sobre todo del comercio y de la hostelería, que están en un erte y deberían trabajar cuatro horas y están haciéndolo ocho; y no hablo ya del tema del teletrabajo, que es incontrolable, porque la inspección no puede entrar en un domicilio particular, pero tenemos constancia de personas teletrabajando en casa a pesar de estar en un erte [de suspensión de contrato]».
«No se puede tolerar que haya fraude en medidas que se han puesto en marcha para que no se destruya empleo. Debe sancionarse con el mayor rigor posible», asevera por su parte Francisco Morcillo, secretario de Política Institucional de UGT Extremadura. «El trabajador se va al desempleo cobrando un 70% de la base de cotización, que ya es un esfuerzo importante y más con los salarios que hay en Extremadura y en los sectores de los que estamos hablando, mientras que las empresas tienen la exoneración de la Seguridad Social y se ahorran el salario de los trabajadores», resalta.
«Miedo» a denunciar
«Tenemos conocimiento de muchas irregularidades», afirma Morcillo, aunque luego los trabajadores a menudo, lamenta, «no quieren que se denuncie por miedo» a que haya represalias. Este sentido, recuerda que la denuncia a Inspección de Trabajo se realiza «como organización, sin poner nunca el nombre de la persona».
Morcillo puntualiza, además, que estos problemas no se ciñen solo a la hostelería y el comercio, sino que también están presentes en otros sectores como el inmobiliario, el de la ayuda a domicilio o el de la formación. En relación a este último, pone a modo de ejemplo que han llegado a detectar a una firma que continuaba ofertando clases ‘on line’ «a pesar de que todos sus trabajadores están en un erte» con suspensión de sus contratos.
Francisco Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), considera que, «sin quererle quitar importancia a estas irregularidades», su número «es un dato irrelevante porcentualmente sobre el número de expedientes que se han presentado». Una escasa proporción, sostiene, «que viene a poner de relieve que las empresas, en nuestra comunidad autónoma cumplen y son serias y rigurosas. Otra cosa es que a veces, sea por negligencia, por desconocimiento o por las urgencias de esta situación, no se hagan todo lo bien que debieran», agrega Peinado.
En este sentido, hace hincapié en que «no hay que olvidar» que se han tenido que tomar las decisiones empresariales «en tiempo récord y con toda la inseguridad jurídica» que existía a causa de una de legislación que en muchas ocasiones se publicaba «de un día para otro para intentar dar soluciones». Subraya que «dentro de la rigurosidad que debe tener», la Inspección de Trabajo ha aplicado «con mucho sentido común su labor, teniendo en cuenta la situación en la que se desarrollaba», aunque también señala que los datos de sanciones son de momento «de apertura de actas, que ahora llevarán un procedimiento, en el que las empresas podrán hacer las alegaciones que estimen oportunas. Ese es el tope de infracciones que va a haber, pero por la experiencia que tenemos, en más de un 50% se suelen desestimar esas actas una vez que son recurridas».
