CaixaBank ha anunciado hoy su intención de recortar 8.291 empleos en España, casi el 19% de la plantilla total que suma esta entidad una vez absorbida Bankia. De ellos, 60 corresponden a su red de oficinas en Extremadura, 40 de la provincia de Badajoz y los 20 restantes de la de Cáceres. Esto supondría el despido de una quinta parte de los empleados con los que cuenta esta entidad financiera en la comunidad autónoma, que son 296 (199 en la provincia de Badajoz y 97 en la de Cáceres). La cifra de despidos planteada en la comunidad autónoma “es prácticamente el mismo número de personas que han llegado de Bankia”, apunta Lorena Prudencio, responsable territorial en Extremadura de CCOO en CaixaBank, con lo que de materializarse la entidad se quedaría “prácticamente con la misma plantilla” que tenía antes de la integración.
La red comercial de CaixaBank en Extremadura tras absorber a Bankia ha quedado en 68 sucursales, de las que 45 se ubican en la provincia de Badajoz y 23 en la de Cáceres. Sus trabajadores, resalta Prudencio, “están bastante inquietos” después de conocer el anuncio realizado por el banco. Aunque se daba por descontado que habría una reestructuración, lo que “no se esperaba es que las condiciones económicas para las salidas fueran tan negativas, sino parecidas a las que se firmaron en el 2019”.
"Es una falta de respeto y un insulto a nuestro trabajo"
“Lo que más no ha sorprendido son las condiciones. Somos conscientes de que siempre en la primera reunión se plantea un número alto de despidos susceptible de ir reduciéndose en las siguientes, pero nunca jamás nos podíamos plantear que las condiciones de salida fueran estas”, coincide Ernesto Méndez, secretario general de UGT CaixaBank en Extremadura.
En opinión de Méndez, también responsable del sector financiero de este sindicato en la región, este “es un ERE salvaje. Esta propuesta es una falta de respeto y un insulto a nuestro trabajo, a nuestra profesionalidad, a nuestro esfuerzo y al de todas nuestras familias”. Los tramos de edades y las compensaciones por extinción de contrato que ha trasladado la entidad a los sindicatos “no se han visto en ninguno de los eres propuestos en los últimos diez años. Son unas condiciones miserables. Quieren que el coste de integrar a Bankia lo pague la plantilla”, lamenta este responsable sindical, que recuerda que CaixaBank tuvo unos datos de de beneficios en el 2020 que fueron “un escándalo”. “Habiendo dotado 1.252 millones, ganó limpio limpios de polvo y paja 1.387. De no haber dotado, y lo hizo porque quiso, hubiera ganado 2.639 millones, un 54% más que el año anterior. Y eso con pandemia”. Un beneficio que, remacha, ha salido “del pellejo de mis compañeros”.
De las en torno a trescientas personas que integran la plantilla de CaixaBank en Extremadura, incide, solo trece superan los 55 años, lo que haría las salidas mucho más traumáticas “porque lo que están planteando son despidos, darte una cantidad y que te vayas para tu casa”.
"Son unas condiciones miserables. Quieren que el coste de integrar a Bankia lo pague la plantilla"
En todo el país, Caixabank ha puesto encima de la mesa el cierre de 1.534 oficinas, el 27 % de su red, en lo que es el mayor expediente de regulación de empleo planteado hasta la fecha por la banca española. El recorte, que afecta a CaixaBank España, no a las filiales, supone que el banco pasaría de los 44.400 trabajadores actuales a 36.109, mientras que la red comercial se reduciría de 5.639 a 4.105 oficinas. Ello significa que causarían baja en la empresa uno de cada cinco empleados y que se cerrarían una de cada cuatro sucursales. Los sindicatos CCOO y UGT han tachado de "salvaje" este ERE y no descartan movilizaciones si la entidad se mantiene firme en las condiciones planteadas hoy.
Un ERE "necesario"
Por su parte CaixaBank ha tildado de "necesario" el ERE y lo ha justificado por "motivos productivos y organizativos, dadas las duplicidades y sinergias derivadas de la fusión" con Bankia, y de las "circunstancias" actuales del mercado. La dirección de CaixaBank ha propuesto que los mayores de 50 años no superen el 50% del total de adheridos voluntariamente al ERE para evitar que el ajuste se concentre en las personas de mayor edad y haya un desequilibrio generacional, han explicado a Efe fuentes sindicales.
