Son quizá el eslabón más débil del sistema de la dependencia. Más de 6.400 mujeres se dedican en Extremadura al cuidado de sus familiares dependientes, pero solo dos de cada diez cotiza por ello a la Seguridad Social pese a pagarlo el Estado. Este mes de abril se cumplen dos años de la recuperación de este derecho que recortó el real decreto de julio de 2012, pero el desconocimiento, la brecha digital de las cuidadoras, la falta de un proceso de tutela y acompañamiento por parte de la Administración o la propia gestión de la ley de dependencia han impedido que la medida despliegue todo su efecto en Extremadura.
En su mayoría estamos hablando de mujeres de entre 50 y 60 años que han dejado su puesto de trabajo para asumir el rol de cuidadoras y si bien la cotización no es muy elevada, acogerse al convenio les ayudaría a acceder a una pensión de jubilación. «Recuperar ese derecho para reconocer el trabajo de unas personas que están 24 horas 365 días por menos de 400 euros ya es un avance importante», reconoce José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
El cuidador no profesional es una de las posibilidades que contempla la Ley de Dependencia, al igual que las plazas en residencias o la ayuda a domicilio. Su valor reside en que es una persona cercana al dependiente que aunque carezca de formación geriátrica o sanitaria sabe cómo tratarle y permite que su vida se siga desarrollando en el entorno familiar. Para sufragar el coste a los dependientes se les asigna una prestación vinculada a los cuidados en el entorno familiar.
Hasta el año 2012, el Gobierno central asumía la cotización de las cuidadoras no profesionales, con un coste de entre 60 y 120 euros en función del grado de dependencia reconocido al familiar que cuidaban. Pero a partir del 2013, con los recortes aplicados a Ley de Dependencia para contener el gasto público, dejó de hacerlo. Desde ese momento, eran las propias interesadas las que debían asumir el coste del alta en el convenio especial para cuidadores no profesionales. Y la gran mayoría optó por no hacerlo y darse de baja ya que al mismo tiempo vieron recortadas las prestaciones un 15%.
De esta forma, si en junio de 2012 eran 4.733 los cuidadores no profesionales que cotizaban a la Seguridad Social en la región (llegó a contar con 8.000 dados de alta en los años previos), a marzo de 2019, ante de entrar en vigor la medida, eran apenas 160. Dos años después la cifra ha aumentado de forma considerable, pero apenas supone el 14,2% de las 6.422 prestaciones que se abonan en la comunidad. A comienzos de año eran apenas 896, y el pasado marzo (último dato disponible en la Seguridad Social), 912. La inmensa mayoría son mujeres: 839, frente a solo 72 hombres.
Desde abril de 2019 el Estado cubre íntegramente las cuotas de cotización, siempre que las cuidadoras cumplan los requisitos exigidos: no estar dadas de alta en ningún régimen de la Seguridad Social a tiempo completo ni percibir prestaciones por desempleo o pensiones. Aún así, se calcula que, de las casi 6.500 prestaciones actuales, unas 3.000 extremeñas podrían estar dadas de alta gracias al Estado. Teniendo en cuenta esos requisitos mínimos, la cifra todavía es muy inferior respecto a las beneficiarias potenciales. A nivel nacional, según Ramírez, tampoco se ha llegado a recuperar «ni un tercio» de los 170.000 cuidadores que llegaron a estar dados de alta antes del año 2012.
Entre las razones que pueden explicar el poco tirón de las cotizaciones una vez recuperado el pago por parte del Estado está la falta de información. No se ha hecho una gran campaña de comunicación para informar a las cuidadoras de que tienen este derecho y de lo sencillos que son los trámites para poder beneficiarse. A ello se suman otros factores, como la brecha digital que sufren las propias cuidadoras, las dificultades para acceder a la Seguridad Social por la pandemia y la gestión del Ingreso Mínimo Vital, que copa buena parte de la jornada de atención de los funcionarios.
Una figura casi minoritaria en Extremadura
Al margen de las cotizaciones, Extremadura es una de las comunidades con menor porcentaje de cuidadores no profesionales, ya que en los últimos años la gestión de la ley de dependencia se basado casi en exclusiva en las prestaciones económicas vinculadas al servicio: al usuario se le concede una ayuda económica vinculada a un servicio ya determinado (plaza en residencia, centro de día, ayuda a domicilio...) que él mismo se tiene que encargar de buscar y contratar por su cuenta con una empresa.
Según el último informe de gestión publicado por el Imserso, de marzo de 2021, es la prestación que tienen asignados el 47% de los dependientes extremeños frente al 21% que recibe prestaciones para cuidados en el entorno familiar. «Es un modelo perverso, y más teniendo en cuenta que no está regulado», explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Las prestaciones vinculadas al servicio ofrecen mejores ratios de cobertura, de creación de empleo y de generación de retornos, pero derivan en importantes riesgos.
El primero, el peligro de lo que la asociación denomina «cheque-servicio»: se obliga a los usuarios a asumir, además del descuento por copago, el sobrecoste de la prestación contratada. Una circunstancia que afecta especialmente a las rentas bajas y los grandes dependientes que requieran cuidados de intensidad y, por tanto, más caros. Para evitarlo, el colectivo aboga por establecer limitaciones: que el usuario pueda decidir su centro libremente con prescripción de la Administración (en la práctica, regular mecanismos que eviten que las empresas puedan rechazar a los dependientes que previsiblemente vayan a generar un mayor coste) y que se controlen los precios dentro de unos márgenes asumibles.
