La Junta de Extremadura no reclamará de momento por la vía judicial los 86 millones de euros pendientes de la liquidación del IVA de 2017, pese a que la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto ha sido favorable a los intereses de las comunidades autónomas. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña, ha señalado este miércoles que todos los conflictos “no se pueden arreglar por la vía judicial”. “Este es un gobierno que quiere hablar y eso es lo que vamos a hacer”, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Rosiña se ha pronunciado así después de que una sentencia dictada por el Tribunal Supremo haya dado la razón a la Junta de Castilla y León, que reclamaba al Gobierno central 182 millones de euros por la liquidación del IVA de 2017. Se trata del primer pronunciamiento judicial sobre este tema tras varios años de insistencia, y es favorable a los intereses de las comunidades autónomas. De hecho, según el Ejecutivo leonés, el fallo abre la puerta a que el resto de regiones que también reclamaron judicialmente estas cantidades (entre ellas Cataluña y Madrid) puedan recuperarlas ahora.
Según ha defendido la Junta de Extremadura, este problema viene por una decisión «injusta y desleal» del Gobierno de Mariano Rajoy. Como consecuencia de la reforma del IVA en el año 2017, las entregas a las comunidades con cargo a este impuesto se liquidaron por 11 mensualidades en lugar de las 12 correspondientes, lo que en el caso de Extremadura se cifra en un impago de 86 millones de euros que no han sido transferidos.
Esta cantidad esta cantidad ya se gastó en 2019 porque se contaba con ella y como consecuencia, ha tenido impacto en el déficit autonómico. Los 86 millones se reclamaron “formalmente” al Ministerio de Hacienda en febrero del año 2020 a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahora, tras el pronunciamiento judicial, el Ejecutivo extremeño sigue apostando por el diálogo, aunque también se estudiarán los efectos de la sentencia, según Gil Rosiña.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado de 2019 ya contemplaban un crédito de 2.800 millones de euros para compensar el IVA adeudado a las comunidades y ayuntamientos en 2017, aunque finalmente no salieron adelante porque las cuentas decayeron tras retirar su apoyo ERC.
En aquel momento, Hacienda estimó en 2.800 millones de euros el impacto de la modificación del sistema de pago del IVA y habilitó un préstamo de 2.500 para las comunidades y otro de unos 300 millones para los ayuntamientos, que también se financian con una parte de la recaudación de IVA.
