El Tribunal Supremo admite el recurso de casación de Ecologistas en Acción en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que declaró la imposibilidad de demoler Marina Isla de Valdecañas.

Con este recursos, Ecologistas en Acción de Extremadura desea evitar el uso de "argucias" para no ejecutar sentencias de demolición de obras "nítidamente contrarias a la legislación urbanística y ambiental", según indica el grupo ecologista y recoge la agencia Europa Press.

De hecho, la organización resalta que hace ya trece años que inició un proceso administrativo y judicial en contra de la urbanización Marina Isla de Valdecañas, que se diseñó "en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable".

En este sentido, considera "difícil encontrar un caso tan rotundo de vulneración de la legislación ambiental y urbanística como éste, con varias sentencias en contra del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), del Supremo y del Constitucional, con informes del CSIC que avalaban la necesidad de demoler esta urbanización ilegal, etcétera".

Por eso, a su juicio resultó "tan sorprendente" el auto del TSJEx de 30 de junio de 2020 en el que se declaraba la imposibilidad material de demoler los edificios ya terminados, limitándose a eliminar los que estaban a medio construir.

Para Ecologistas en Acción, con aquel auto se sentaba "un peligroso precedente" de que "ante vulneraciones palmarias de la legislación urbanística y ambiental, la política de hechos consumados tiraría por tierra toda la normativa de urbanística y de espacios protegidos, como la Red Natura 2000".

"Efectivamente, los mismos razonamientos del TSJEx serían aplicables a muchas obras ilegales, declarándose luego imposible su demolición por el impacto socioeconómico que pudiera provocar. Carta blanca para construir de forma ilegal", añade.

Por eso, la organización ecologista decidió recurrir en casación este auto ante el Tribunal Supremo y considera "muy importante" que haya sido "admitida" en este auto, fechado en 6 de mayo y comunicado ahora.

Con ello, espera que en esta instancia judicial "se haga prevalecer el cumplimiento de la ley, el interés general de la ciudadanía y el respeto al medio ambiente".