Extremadura impuso a principios del pasado verano la mascarilla obligatoria aún con distancia de seguridad (que ahora mismo es de 1,5 metros) en todo el territorio, en espacios libres y cerrados, y para todas las personas a partir de los seis años. La medida entró en vigor el 11 de julio y la sanción económica por no llevarla, que se considera una falta leve en materia de Salud Pública, es de 100 euros, aunque la cuantía puede llegar hasta los 6.000 euros dependiendo de las personas que se pongan en riesgo y de la gravedad de la situación. Son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado los que controlan que se cumpla esta medida de protección.
A finales del pasado mes de marzo, esta normativa que ya existía a nivel regional se convirtió en ley nacional. A efectos prácticos no hubo cambios.
Ahora que el plan de vacunación avanza, lo que significa que la sociedad se acerca a esa ansiada inmunidad de rebaño, se pone sobre la mesa la posibilidad de flexibilizar esta medida.
De esta opción habló el propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, con la vista puesta en los meses de verano.
Paso adelante
Y este lunes se adelantó la comunidad de Castilla-La Mancha, cuyo presidente, Emiliano García-Page, informó de que su Gobierno planteará de forma inminente abordar «la supresión de la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios abiertos», algo que pretende que se cristalice «antes de que acabe el mes de junio».
¿Qué dice Extremadura? Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta se asegura que, de momento, se seguirá actuando «acorde con la ley» actual, que impone la obligatoriedad de las mascarillas en cualquier contexto.
Todo dependerá de la evolución del proceso de inmunización en las próximas semanas.
