Solo el 30% de las entidades sociales logra financiación a través del IRPF

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer el listado definitivo de beneficiarios, que incluye a un total de 51 colectivos para el desarrollo de 106 proyectos de intervención social. Se financian porque se considera que son de interés general para la sociedad y están promovidos por entidades del Tercer Sector de Acción Social como Fexas, Cáritas, Cruz Roja, la Federación Española de Enfermedades Raras o diversas fundaciones sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de la discapacidad, las adicciones, los trastornos alimenticios o la igualdad. El presupuesto inicial era de 7,4 millones de euros que la Consejería de Sanidad ha incrementado después hasta los 8,5 (1,1 millones más, casi un 15%), pero un año más sigue sin ser suficiente para cubrir toda la demanda. 

Según los datos especificados en la propia resolución, a la convocatoria de 2021 optaban un total de 145 entidades con 320 proyectos que en su conjunto sumaban 18,7 millones de euros, una cifra muy superior a los fondos disponibles . De los 94 proyectos que han quedado fuera nueve no cumplían los requisitos exigidos, pero el resto han quedado excluidos al agotarse el crédito disponible. Y ello pese a tratarse de la cifra más elevada hasta la fecha, (el año pasado fueron 6,7 millones iniciales que se elevaron después a 7,4). 

Al respecto, la Consejería de Sanidad explica que aunque la subvención es nominativa, no se descarta recurrir a otras convocatorias de ayudas e incluso concesiones directas para el mantenimiento de alguno de estos programas "cuando se acreditan razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas".

El número de beneficiarias se mantiene en el entorno del medio centenar, pero hay menos colectivos que solicitan proyectos, ya que de los 166 de 2019 se ha pasado a 145 en la actualidad. Como novedad, las bases de este año incluyen algunos cambios: se aumenta del 1,5% al 2,7% la cuantía que puede recibir cada proyecto en relación al presupuesto total disponible. También se ha procedido al prorrateo del crédito disponible entre las solicitudes de los programas con la misma puntuación. Para la adjudicación, se tienen en cuenta cuestiones como las actividades, el proyecto de intervención, los objetivos a conseguir o el perfil de los destinatarios. 

Cambio con polémica

La gestión de estas ayudas pasó de manos del Gobierno a las comunidades autónomas en el año 2018 tras una sentencia del Tribunal Constitucional favorable a Cataluña, que consideraba que el Gobierno central invadía competencias autonómicas en materia de asistencia social con la gestión de los programas del 0,7% del IRPF. Desde entonces, el 80% de estos fondos los gestionan las comunidades.  

En el caso de Extremadura no vino exento de polémica, ya que la región estableció sus propios criterios de reparto y el sistema fue muy criticado por el sector. De hecho, en el primer año solo el 20% de las asociaciones lograron acceder a una cuantía económica, generalmente las más grandes. Hubo muchas que perdieron una financiación que llevaban más de una década recibiendo y que era su única fuente de ingresos.

En las bases de 2018 se daba más puntuación a las entidades con mayor número de voluntarios y a las que contaban con sello de utilidad pública (una distinción que cuesta unos 4.000 euros y que pequeñas asociaciones no se pueden permitir). Además, se financió el cien por cien de los programas. 

Pero la Junta rectificó e hizo tres cambios fundamentales: modificó la cuantía máxima a destinar para cada programa (el 3% del total en 2018, el 1,5% en 2019 y 2020 y el 2,7% tras el cambio introducido este año) y se estableció un límite de presupuesto para las asociaciones que presentan más de un proyecto, que en ningún caso podrán recibir más del 6% del total de fondos. Además, se prioriza la valoración del programa por encima de la entidad.