Uno de cada tres extremeños que han formalizado su inscripción en el Registro de Expresión Anticipada de Voluntades autonómico desde su puesta en marcha en 2008 hasta el 30 de junio pasado han dejado constancia del deseo de donar sus órganos. Han sido 741, de un total de 2.275 registros contabilizados en este periodo. En uno de cada cuatro de estos documentos (558) los otorgantes también especificaron cuál querían que fuese el destino de su cuerpo.
El de voluntades anticipadas es un documento por el que una persona mayor de edad (en España solo Andalucía, Navarra, Aragón y Comunidad Valenciana permiten la inscripción de menores en determinadas circunstancias) manifiesta su voluntad, para el caso de encontrarse en situaciones en las que no sea capaz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud que quiere recibir. También puede plasmar su consentimiento para que, al fallecer, su cuerpo o sus órganos sean donados y empleados en trasplantes o para la investigación.
La proporción extremeña de inscripciones en el registro es la más baja entre todas las autonomías, apenas una tercera parte de la nacional
Otra de las cuestiones que pueden precisarse en los conocidos como ‘testamentos vitales’ es el de un representante que sirva como interlocutor con el médico o el equipo sanitario y procure el cumplimiento de los deseos manifestados.
Las estadísticas facilitadas por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales recogen en el primer semestre de este 2021 78 inscripciones, por lo que no parece que la pandemia haya hecho aumentar la preocupación entre los extremeños por dejar constancia de las actuaciones sanitarias que se desea recibir. En 2020 fueron 101, menos de la mitad que en 2019, cuando con 233 se alcanzó el tercer número más elevado de inscripciones de la serie, tras los de 2010 (397) y 2011 (343).
Escaso calado
De hecho, Extremadura se mantiene claramente como la comunidad autónoma en la que estos documentos tienen una menor incidencia, con poco más de dos por cada mil habitantes (2,13). Según los datos del Ministerio de Sanidad, que desde 2013 unifica en un mismo registro los de las diferentes autonomías, la media nacional, ya de por sí baja, triplica la de la comunidad autónoma, con una tasa de 7,31 por cada mil personas. Pero incluso las más altas de España, que se contabilizan en Navarra (16,71); País Vasco (14,9), Cataluña (12,49) o La Rioja (11,98) se mueven en niveles muy limitados, lo que muestra el escaso éxito que han tenido estos registros .
El pasado 25 de junio entró oficialmente en vigor la ley de eutanasia, que regula la prestación de ayuda para morir en ciertos supuestos y entre quienes sean capaces y conscientes cuando formulen la solicitud. Antes de que existiese esta normativa, todavía pendiente de su desarrollo en las comunidades autónomas, este registro de voluntades anticipadas ha permitido ya reflejar algunas cuestiones como la de no prolongar inútilmente de manera artificial la vida, por ejemplo, mediante técnicas de soporte vital, ventilación mecánica o reanimación cardiopulmonar, o la de pedir que se suministren los fármacos necesarios para paliar al máximo el malestar, el sufrimiento psíquico y dolor físico causados por la enfermedad.
