Oficialmente es un derecho y un servicio más que se ofrece dentro de la cartera de la Seguridad Social. Esa es la teoría. La práctica es que todas las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo que se hacen en Extremadura, da igual el motivo o la situación concreta, se derivan a clínicas privadas con las que hay concierto; ninguna se lleva a cabo en los centros sanitarios del SES porque estos se acogen, por sistema, a la objeción de conciencia. Así lo explican desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta. «Las interrupciones por causas médicas son derivadas por el hospital», apostillan. 

Ahora, con la nueva ley nacional que hay sobre la mesa, uno de los objetivos es que el derecho al aborto lo sea a todos los efectos, sin que exista esa derivación. «El tema está abierto por el Ministerio de Igualdad», responden desde la consejería cuando se les pregunta si consideran adecuada la realidad actual. Y añaden: «La objeción de conciencia es un derecho personal que reconoce la Constitución».

Lo cierto es que el Ministerio quiere garantizar con la nueva normativa que en todas las autonomías se garantice el aborto en los centros públicos. Y se basa en la «mala práctica» de la objeción de conciencia.

Fuera de la comunidad

En Extremadura solo existe la clínica privada Guadiana Los Arcos, en Badajoz, para la interrupción voluntaria del embarazo. 

Hay veces que se envía a las pacientes fuera de la región, a la Clínica Multimédica de Salamanca y a las clínicas Dator y Ginesur de Madrid, en este caso, cuando el embarazo es de más de 22 semanas (esto es, la gestación está muy avanzada y hay un riesgo elevado) y la intervención resulta más compleja. Son las cuatro clínicas con las que existen conciertos.

A efectos económicos de lo que supone este modus operandi, un ejemplo: en 2016 la derivación de casos de aborto le costó al SES 461.685 euros.

Los datos

En los últimos cinco años, entre 2015 y 2020, en la comunidad extremeña se han llevado a cabo 4.649 interrupciones. La mayoría, en la franja de edad de entre los 25 y los 29 años (fueron 1.054 intervenciones, el 22,6%). En este periodo, las menores de edad representan el 5,6% del total (263 en el último lustro). Y en concreto, las jóvenes de 16 y 17 supusieron el 4,2% (fueron 199); y las menores de 15 años, el 1,4% (fueron 64).

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En este sentido, la nueva ley prevé derogar la reforma impulsada por el PP y que obliga a las mujeres de 16 y 17 años a contar con el permiso de sus progenitores para abortar.

Lo cierto es que la ley reguladora de la Autonomía del Paciente establece los 16 años para la toma de decisiones en materia sanitaria.