La Junta de Extremadura agotará todas las vías posibles antes de solicitar al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de Alburquerque. Una medida “tan extraordinaria” que aún no se plantea, a la espera de que el control presupuestario y financiero que ya ejerce el Ministerio de Hacienda sobre las cuentas locales empiece a dar resultado. Lo ha dicho este jueves en el pleno de la Asamblea la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, que ha comparecido a petición propia para informar sobre la dramática situación que atraviesa este municipio pacense de casi 5.300 habitantes.
Se estima que la deuda roza los 15 millones de euros y cerca de 200 trabajadores municipales llevan 10 meses sin cobrar sus nóminas, a lo se suma un retraso de dos años en el pago a proveedores o el cierre de servicios públicos como la guardería y la piscina municipal. La alcaldesa, Marisa Murillo, se mantiene en el cargo como no adscrita tras ser expulsada del PSOE en marzo y seis de los nueve concejales que conforman el equipo de gobierno han dimitido. Esta mismo jueves, los afectados por los impagos han protestado a las puertas de la Asamblea para denunciar su insostenible situación. Allí han recibido el apoyo de todos los partidos del arco parlamentario, pero se han marchado decepcionados tras escuchar las palabras de Blanco-Morales porque tendrán que seguir esperando.
La consejera ha reconocido que Alburquerque presenta “un grave problema institucional y financiero” debido a la “pésima gestión” de la corporación actual, cuyo color político, ha dicho, solo se corresponde “con el rojo de sus deudas”. Tras los sucesivos incumplimientos de los planes de ajuste y requerimientos del Ministerio de Hacienda, ha insistido en que todos los mecanismos de control presupuestario del Gobierno están activados (en la práctica ya se está dando una intervención financiera) y que hay que esperar a que esas medidas den resultado. La disolución de los órganos de Gobierno es un trámite “tan extraordinario” que debe ser el último recurso, la vía a la que se acude cuando las demás han fracasado. “Y aún no ha llegado el momento, no porque los daños no sean preocupantes, sino porque hay que esperar a que den sus resultados las acciones que están exigiéndose para estabilizar las cuentas de Alburquerque den su resultado”, ha dicho.
En ese sentido, Blanco-Morales ha subrayado que dentro del margen de actuación que las leyes le permiten la Junta de Extremadura, “actúa y actuará”, al igual que la Diputación de Badajoz, para que el pueblo inicie un proceso de normalización tan urgente y necesario para los vecinos. El camino más rápido, ha señalado, es la dimisión de unos dirigentes cuyo comportamiento solo obedece a “intereses inconfesables” que “rayan lo delictivo”. “La legislación es garantista al máximo con la autonomía municipal y nos impide actuar con la celeridad que a uno le gustaría cuando se encuentra con gestores cuyo único método es la obstrucción”, ha dicho.
En la misma línea se ha expresado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, que aboga por la coordinación entre instituciones para dar una solución a la crisis. «Existen procedimientos normativos que, sin entrar en disputarle la autonomía local, tratarían de lograr los objetivos de buen gobierno», ha dicho en referencia a los requerimientos del Ministerio de Hacienda para hacer cumplir de forma «rigurosa» los planes de estabilidad.
Frente a este discurso, que también ha defendido el PSOE, todos los grupos de la oposición se han mostrado a favor de la disolución del ayuntamiento y han pedido a la Junta más contundencia. “¿Cuándo puede aplicarse la ley para disolver un ayuntamiento si no se hace en este caso?”, se ha preguntado el diputado del PP Saturnino López Mayorro. El popular ha señalado que la quiebra del ayuntamiento alcanza "dimensiones catastróficas" y apunta al anterior alcalde, Ángel Vadillo, como responsable de la situación, al tiempo que la Junta ha "amparado, consentido y permitido" que la situación se haya convertido en una “gigantesca bola de nieve. “Es hora de explorar la disolución del ayuntamiento y devolverle la voz al pueblo con unas nuevas elecciones", ha dicho.
En la misma línea se ha expresado el diputado de Ciudadanos José María Casares, que ha relatado la situación insostenible que atraviesan cerca de 200 municipales a los que se les debe 1,5 millones de euros en nóminas. Por último, Álvaro Jaén, de Unidas por Extremadura, ha señalado que la disolución es la única vía para dejar atrás este “callejón sin salida”.
