Si la unión hace la fuerza, que tiemble la despoblación». Lo dijo ayer el diputado socialista Carlos Labrador en su defensa de la propuesta de ley de medidas contra el reto demográfico, un texto que nace del consenso de todos los grupos parlamentarios y que ayer recibió la aprobación inicial en el pleno de la Asamblea. PSOE, PP, Ciudadanos (Cs) y Unidas por Extremadura coincidieron al afirmar que será una de las normas de mayor calado de la legislatura, un «tractor» que a su vez obligará a modificar otras leyes autonómicas para frenar la huida del talento y hacer atractivo el medio rural. 

«El reto demográfico no es un problema poblacional, es un problema político y queremos que Extremadura sea un referente en esta senda», aseguró la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. El texto acaba de iniciar su tramitación parlamentaria y según se evidenció en la tribuna, que el borrador haya sido pactado no garantiza su aprobación por unanimidad: los grupos apelaron a «ser generosos» en el trámite de enmiendas parciales para sacar adelante una ley que realmente sea útil. «Que gobierne quien gobierne la pueda aplicar», defendió el diputado del PP Diego Sánchez Duque.

Una de las medidas más importantes que introduce es la «discriminación fiscal positiva» hacia los municipios de menos de 3.000 habitantes, que son el 85% de los que conforman la geografía regional (330 de 388, de ellos 123 en la provincia de Badajoz y 207 en la de Cáceres). Así, se establece una deducción del 10% en la cuota autonómica del IRPF por la compra de vivienda (a partir de la entrada en vigor de la ley, y con un máximo de 904 euros al año si se cumplen todos los requisitos), una medida similar a la antigua deducción estatal por compra de vivienda que fue suprimida en 2013.

Para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (grava la compra de una propiedad de segunda mano) se propone un tipo reducido del 4% del valor del inmueble, hasta un máximo de 180.000 euros. También se aplicará ese 4% para adquisiciones destinadas a continuar con una actividad empresarial. Por lo que respecta al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (grava la formalización de hipotecas), también se gravará al 0,5%, frente al 1,5% general. 

Sanidad y educación

La posibilidad de declarar proyectos de interés general; la obligación de garantizar la atención sanitaria urgente en un máximo de 30 minutos; facilitar la apertura de botiquines de farmacia o mantener abiertos los colegios de Infantil y Primaria con al menos cinco alumnos son otros de los compromisos concretos que se recogen en el borrador de ley. No obstante, todos los grupos (especialmente el PP) insistieron en que todo esto son propuestas «de mínimos» que ahora deben concretarse y ampliarse. Y el primer paso será la financiación, que según criticó Sánchez Duque «es una parte esencial y no está concretada». 

El diputado del PP pidió además que la aplicación de la ley no se deje al albur de su desarrollo reglamentario posterior, sino que se impulsen «medidas con rango de ley» para asegurar su cumplimiento a medio y largo plazo.

«Extremadura tiene que ser la región más atractiva para invertir, que las empresas puedan venir, generar empleo y que cualquiera pueda llevar a cabo un proyecto de vida», defendió en su intervención. 

Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel abogó por una tramitación «sosegada, abierta a la ciudadanía y fruto del diagnóstico» para dar un giro de 180 grados. Por Ciudadanos, el diputado Fernando Rodríguez, afirmó que «se han puesto los cimientos para un futuro mejor».