Varapalo a las arcas municipales. Los ayuntamientos extremeños dejarán de ingresar unos nueve millones de euros anuales por la plusvalía, un impuesto que grava el incremento del valor del suelo cuando se realiza la venta de una propiedad y que el Tribunal Constitucional acaba de anular en la que es ya su tercera sentencia contra este tributo.
Alcaldes, partidos políticos, y el propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, han urgido al Ministerio de Hacienda una solución a esta nueva problemática que ahora se abre para los ayuntamientos y que el departamento que dirige la socialista María Jesús Montero asegura que ya está estudiando.
Cuando se vende una casa o un terreno, el vendedor debe liquidar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Más conocido como plusvalía, es una de las herramientas fiscales con las que los ayuntamientos podían ejercer presión sobre el sector inmobiliario. Pero desde 2017 ha recibido varios reveses judiciales. El último este martes del Tribunal Constitucional, que le asesta el golpe final al declarar nulos los tres preceptos del artículo 107 de la ley de las haciendas locales donde viene regulado.
Los magistrados consideran que el tributo es inconstitucional porque el cálculo de su cuantía no tiene en cuenta la evolución real del mercado, sino un modelo teórico en función de los años transcurridos. Además, se tiene que pagar aunque haya pérdidas.
En el caso de Extremadura, la recaudación por este impuesto supuso en 2019 (últimos datos consolidados del Ministerio de Hacienda) un total de 9,03 millones de euros. No se trata de la principal fuente de ingresos municipal (es el IBI, que recaudó 228,9) pero sí genera fondos que será difícil cubrir por otras vías si no hay compensación.
En esa línea, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por actuar «con mucha diligencia» para encontrar una alternativa lo antes posible. No obstante, dice que hay que esperar a conocer el contenido íntegro de la sentencia (este martes solo se informó del fallo) porque «es clave de cara a saber que lo que se haga efectivamente sea absolutamente adecuado a lo que la Constitución establece».
El jefe del Ejecutivo autonómico se expresa en la misma línea que el Gobierno central, que asegura que el Ministerio de Hacienda está «explotando todos los escenarios» para dar solución a una cuestión que, «evidentemente, es un problema».
La plusvalía en las ciudades
Las reacciones de los alcaldes extremeños a la sentencia no se han hecho esperar. El Ayuntamiento de Badajoz perderá tres millones de euros anuales y su alcalde, Ignacio Gragera, recibe la noticia «con cautela», a la espera de conocer el contenido íntegro de la sentencia y valorar las consecuencias exactas.
«Ahora se abre un periodo de incertidumbre hasta que se conozcan las intenciones del Gobierno en relación a cómo tramitará el nuevo método de cálculo. Por tanto, prudencia y celeridad, pero también colaboración: que se escuche a las entidades locales y que esa metodología sea sencilla para que no haya en lo sucesivo problemas», ha dicho.
El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, reclama un fondo de compensación a corto plazo para paliar la pérdida de ingresos, que además llega en pleno proceso de elaboración de los presupuestos municipales. Explicó que su ayuntamiento ingresa unos 360.000 euros anuales por la plusvalía, una cantidad que se ha ido reduciendo a medida que la contestación social crecía.
«Era un impuesto muy cuestionado en el que habitualmente se perdía en los juzgados las valoraciones y se ha tenido que ir devolviendo el dinero a los demandantes», ha reconocido. Según Salaya, la sentencia es un factor más que avala la reivindicación de dar «una solución definitiva» a la financiación local.
El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha reconocido sin paliativos que la sentencia del Constitucional es un «palo» para las arcas locales, que considera que deben ser compensadas. La capital autonómica ingresa 1,7 millones de euros anuales por la plusvalía, que es actualmente el segundo impuesto que más recauda por detrás del IBI.
Rodríguez Osuna, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha avanzado que la organización va a mantener una reunión para analizar la sentencia y reclamar al Gobierno una fórmula de compensación. El objetivo de cara a ese encuentro, lograr una postura común entre los alcaldes de distinto signo político.
Para el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, la eliminación del impuesto de plusvalía es la «crónica de una muerte anunciada, un nuevo hachazo a las cuentas municipales». En el caso de la capital del Jerte, supondrá una pérdida de entre 500.000 y 600.000 euros anuales que se venían utilizando «para sostener servicios municipales, pagar la luz, convenios con colectivos de asociación social...»
Así, afirma que los ayuntamientos tendrán que solicitar compensaciones. De lo contrario, sería como hacer «el milagro de los panes y los peces, pero sin pan ni peces», informa Raquel Rodríguez.
Sobre el asunto también se han pronunciado los grupos políticos en la Asamblea de Extremadura. El PSOE considera que la sentencia acelerará la «seguridad jurídica»; Unidas por Extremadura aboga por su análisis para corregir errores y desde el PP y Ciudadanos exigien al Gobierno dar una solución «inmediata» a los ayuntamientos.
