Dos años y medio y una pandemia después, continúan abiertos y en marcha los procesos selectivos de personal laboral de la Administración General de la Junta de Extremadura convocados a finales de abril del 2019. Se ofertaron entonces cinco categorías con 160 plazas, que todavía no tienen dueño. De hecho, hay una de las especialidades, DUE/ATS, que no ha celebrado ningún examen hasta el momento, pero ayer se anunció que la primera prueba será el próximo 30 de enero del 2022, casi tres años después. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó también ayer la lista definitiva de aspirantes que participarán en este examen: 918 personas se disputarán las 10 plazas de turno libre que hay en juego (además de otras dos plazas que se jugarán otros 13 aspirantes con discapacidad).
Las cuatro categorías restantes de esta convocatoria del 2019 están más avanzadas. En el caso de Fisioterapeuta (3 plazas entre turno libre y discapacidad) el pasado 6 de septiembre se realizó el segundo ejercicio y está pendiente de la publicación de la lista definitiva.
Más categorías
La de ATE (Auxiliar Técnico Educativo)-Cuidador, con 22 plazas ofertadas, está en estos momentos pendiente de los resultados del segundo examen celebrado el 9 de octubre. Por su parte, el proceso selectivo de Auxiliar de Enfermería (con 53 plazas, 3 de ellas para personas con discapacidad) se quedó en el primer examen que se llevó a cabo en julio, pero la pasada semana lo realizaron aquellos que habían solicitado un aplazamiento. Y por último, la categoría de Camarero-Limpiador, la más numerosa tanto en plazas ofertadas (68) como en aspirantes (6.431 fueron los admitidos definitivos) celebró su primer examen el pasado 23 de octubre y está pendiente de la publicación de las notas de este primer ejercicio.
De esta forma, aún no ha concluido el proceso en ninguna de las cinco categorías convocadas hace ya dos años y medio. Hay que tener en cuenta que todas las oposiciones de la Junta quedaron paralizadas unos tres meses tras el inicio del estado de alarma por el covid-19, pero también hay que recordar que la Ley de Función Pública, aprobada en la Asamblea regional en 2015, establece que una oposición debe resolverse en un plazo máximo de doce meses. La propia directora general de Función Pública, Carmen Vicente, reconocía hace más de un año en una comisión que ese plazo es «prácticamente imposible» de cumplir cuando hay fase de oposición y concurso «por las propias leyes administrativas que rigen cualquier proceso selectivo. Aún así, consideró más importante dar plenas garantías a los procesos selectivos, que cumplir el plazo legal exacto.
Hay que recordar, asimismo, que antes de que se publicara la convocatoria de 2019 de personal laboral con estas 160 plazas en juego, hacía seis años que no se celebraban oposiciones en este cuerpo perteneciente a la Administración General de la Junta de Extremadura. Así, la convocatoria anterior fue la del 2013 en la que se ofertaron 310 plazas de 19 categorías distintas a las que se inscribieron más de 70.000 personas.
