El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha destacado en su balance anual la mejora del empleo en un 2021 que ha vuelto a ser “difícil y complicado” por la evolución de la pandemia. Pese a las restricciones y la ralentización de la economía por la crisis del covid, Extremadura cerrará el año con 20.000 parados menos que en 2020 y 10.000 si se compara con 2019, que fue “un año normal”.

La tasa de paro se sitúa en el 17,9%, a solo tres puntos de la media nacional frente a los 11 de hace cinco años, y “nunca ha habido tantas mujeres trabajando fuera de casa como ahora, 174.500”. La tasa de actividad llega al 56,61%, la más alta de la serie histórica, y el total de ocupados se eleva a 414.300 personas, en niveles del año 2008. De cara al futuro, el presidente destaca que la región crecerá “a un ritmo razonable” hasta 2024 y subraya que las exportaciones de las empresas extremeñas alzarán, en el escenario más conservador, los 2.290 millones de euros. “Todo es mérito de la sociedad”, ha señalado este jueves en rueda de prensa.

Como otros objetivos cumplidos del año que ahora termina, Fernández Vara se ha referido también al Plan Extremeño de Energía y Clima, una estrategia “fundamental” en su política, o la reforma de una Política Agraria Comunitaria (PAC) que apuesta por los jóvenes. “Hace un año la comarca tabaquera estaba fuera y hoy dentro; las cuestiones ambientales vendrán a sumar y no a restar y el 80% de los preceptores van a recibir más porque habrá topes. Además, se recibe más por las primeras hectáreas, lo que beneficiará a los pequeños propietarios", ha explicado.

El jefe del Ejecutivo también se ha referido a las cifras récord alcanzadas en el sector del turismo o la puesta en marcha del museo Helga de Alvear en Cáceres, que ha situado a la región “en la primera división” del escalafón cultural y se convertirá en uno de los hitos de la Extremadura autonómica al igual que ha ocurrido con el museo Vostell.

Como asignaturas pendientes de cara al futuro, Fernández Vara se ha referido al impulso de la ley de dependencia, que contará con 50 millones de euros más en 2022, la vivienda como arma para luchar contra la despoblación o seguir abundando en la lucha contra la violencia de género.