Javier Peinado, secretario general de la Conferencia Regional Empresarial Extremeña (Creex), defiende la legitimidad y la garantía del derecho a la huelga. Además, entiende las razones de los transportistas a la hora de convocar el parón.
Sin embargo, se desmarca de actuaciones que "intentan impedir el libre ejercicio del derecho al trabajo con piquetes supuestamente informativos que utilizan la violencia, coacción o amenazas”.
Estas acciones perjudican a pequeñas empresas y autónomos que se están viendo obligados a parar su actividad por falta de suministros, "sin tener responsabilidad alguna en la situación de los transportistas, y menos aún capacidad para resolverla". Por ejemplo, hay organizaciones ganaderas perjudicadas por falta de pienso, un problema que afecta al bienestar de sus animales.
De acuerdo con informaciones de la Creex, empresas como Ondupack, Siderúrgica Balboa, Inquiba o Castela han parado o están a punto de hacerlo. En las de menor tamaño “solo hay que darse una vuelta por los mercados para ver cómo está afectando, sobre todo a quienes venden productos frescos”.
Desde la Creex echan de menos una acción de Gobierno para garantizar los derechos de todos, tanto de los que quieren ejercer la huelga como de los que quieren trabajar.
