El diputado del PP Alberto Casero, que se hizo popular a principios del pasado mes de febrero al facilitar la reforma laboral cuando equivocó su voto en el Congreso, ha reconocido este lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo que pudieron darse irregularidades de tipo administrativo en la tramitación de algunos contratos de servicios realizó en 2017 y 2018 cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres). No obstante, el parlamentario niega los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos que le atribuye la Fiscalía.

Casero ha estado asistido en este trámite por el penalista Bernardo del Rosal, que considera que una cosa son las irregularidades administrativas que pudieran darse en alguna de las contrataciones -de las que advirtió en su momento el Interventor municipal- y algo muy diferente el delito de prevaricación, algo que se sitúa "en un escalón muy superior", y que esta parte niega.

Durante casi hora y media, el diputado popular y exalcalde ha respondido a las preguntas de la fiscal Ángeles Montes, que se ha interesado por cinco contrataciones concretas sobre las que descansan las sospechas sobre su gestión. Entre ellas, la de un psicólogo, un acuerdo con la Cámara de Comercio de Perú y diversos actos culturales que se celebraron en el municipio.

Declaración voluntaria

Al término de la comparecencia, el diputado ha explicado a los medios de comunicación que le esperaban a las puertas del tribunal que había acudido a esta comparecencia de modo voluntario, una prerrogativa que concede el Supremo a los diputados aforados, sin necesidad de que haya que tramitar antes un suplicatorio a las cortes.

Casero ha señalado que su comparecencia "había ido bien" y que ha contestado "tranquilo" para "dejar claras algunas cuestiones" que tanto el juez como la fiscal creían que "había que aclarar". "A partir de ahí a esperar la decisión de la justicia", ha apuntado. De momento no ha aportado ningún documento en su defensa.

La declaración se produce tras recibir el Supremo la exposición que elevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendía que había también indicios de un delito de malversación.

Contratos bajo sospecha

Según la prueba documental y testifical aportada por este Juzgado, existen indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, por lo que a su juicio se comprometió al pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios.

El Juzgado señaló, a su vez, que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto, según informó Europa Press.

Además, en septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.

Asociación Bon Vivant

Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento. En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

La exposición razonada recogía, además, otros dos hechos. Un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado. Y otro contrato, de ese mismo año, con Radio Interior SL --un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo-- en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.