Orientar la prevención y actuación ante las situaciones de violencia en los centros educativos. Esta será la labor principal del coordinador de bienestar y protección del alumnado, una nueva figura con la que contarán todos los colegios e institutos de Extremadura a partir del próximo curso 2022/2023. El pasado mes de junio se cumplió un año de la aprobación de la ley de protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi), que obliga a tener implantado este perfil profesional, al igual que también se recoge en la denominada Ley Celaá (Lomloe).
Desde la Consejería de Educación y Empleo aseguran a este diario que todos los centros educativos de la región ya tienen designados a los coordinadores que ocuparán sus puestos en septiembre. Esto responde a que el Gobierno regional publicó en mayo una instrucción en la que se cumplimentaba la documentación necesaria para que los directores trasladaran a la consejería la propuesta de nombramiento, previa consulta al consejo escolar, de manera que a finales del curso pasado ya se había resuelto esta cuestión.
Según los últimos datos del Observatorio de la Convivencia Escolar de Extremadura, las denuncias por acoso escolar cayeron en el último año en Extremadura un 62% con respecto al curso 2018-2019 (el que se tomó como referencia para la comparativa porque los datos de 2020 pueden arrojar distorsiones por el confinamiento), cuando fueron 123. El año pasado se registraron un total de 46 denuncias por acoso escolar, de las que seis se constataron como casos de abuso, dos de ellos bajo la modalidad de ciberacoso.
Los perfiles profesionales para ser coordinador son preferentemente, en los centros de Educación Infantil, de Educación Primaria y en los de enseñanzas de régimen especial, un miembro del equipo directivo o persona a quien proponga la dirección del centro; mientras que en los de Secundaria pueden ser los educadores o educadoras sociales y, solo en casos excepcionales por falta de disponibilidad organizativa, persona a quien proponga la dirección del centro.
Las funciones
La labor del coordinador, que abarcará la prevención de la violencia contra la infancia entre iguales y la ejercida por adultos, se agrupa en cuatro ámbitos: planificación, prevención, formación e intervención educativa y detección y alerta temprana de situaciones de riesgo. Entre sus tareas estará la de promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los menores, tanto para el personal como para los propios estudiantes; identificarse como el principal referente para las comunicaciones relacionadas con violencia en el centro o en su entorno, y coordinar los casos que requieran intervención por parte de las fuerzas de seguridad.
También será la persona encargada de construir y coordinar la red de colaboración que posibilitará un entorno protector en el centro educativo. Por último, el trabajo de este profesional será fundamental para el cumplimiento del Plan de convivencia de los centros, que «debe ser el marco de referencia para la prevención, desarrollo e intervención en el ámbito de la convivencia escolar».