"Hacer de nuestra Administración un instrumento al servicio de los ciudadanos y un catalizador del progreso de nuestra región". Este es el objetivo del proyecto de ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos, que continuará su tramitación en comisión de la Asamblea regional, después de que este jueves haya superado el debate de totalidad en el pleno sin que ningún grupo haya presentado enmiendas a la totalidad.

En su presentación ante los diputados, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha reconocido que se trata de una norma "compleja por la amplitud de las materias sobre las que se proyecta y variedad de cambios de propugna". Ha indicado que durante la pandemia se aprobaron 13 decretos-ley que "ahora se incorporan, cumpliendo así el compromiso" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara,

La ley de medidas interviene en aspectos que están directamente relacionados con el fomento de la actividad empresarial y cuestiones que inciden en el modo en que opera la Administración, que repercuten en su relación con ciudadanos y empresas. Para el impulso de la actividad empresarial, se regulan los proyectos empresariales de interés autonómico y se refuerza la seguridad jurídica, la reducción de trámites y la rapidez de respuesta en materia medioambiental, de ordenación territorial y urbanística.

En este sentido, la consejera ha asegurado que "al "mejorar la coherencia del ordenamiento jurídico autonómico con el europeo y el nacional", se genera un marco normativo "estable, integrado y predecible, que facilitará la toma de decisiones de personas y empresas". En materia organizativa y de procedimiento, se modifican nueve normas con el objetivo común de "lograr una mayor agilidad administrativa", entre ellas la Ley general de hacienda pública.

Blanco-Morales ha finalizado su intervención pidiendo el apoyo de los grupos para una norma que "facilita el trato con los administrados, alivia las cargas que se le imponen y acelera las respuestas que el ciudadano demanda". Asimismo, ha indicado que la ley también permitirá "posicionarnos como una región competitiva" y servirá a su vez para que "quienes vivan en Extremadura disfruten de unos servicios públicos de calidad y útiles".

Posición de los grupos

En el turno de fijación de posiciones, Ciudadanos y PP han coincidido en señalar que se trata de una ley "escoba". En concreto, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha manifestado que esta noema "intenta solucionar los problemas que han ido surgiendo", con medidas para "poner en valor la calidad de los servicios públicos". "Se nos presenta más como una ley que retoca otros textos legales", ha señalado, además de asegurar que "se echan en falta medidas de más calado en materia tributaria".

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha señalado que este proyecto de ley supone "una multitud de modificaciones de leyes existentes", por lo que ha instado a tratar sobre los diferentes aspectos en la comisión correspondiente. El diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón, ha coincidido en señala que se trata de una "amalgama de modificaciones normativas", ya que afecta a más de 30 normas. Respecto al contenido, ha criticado el "ataque que se perpetra contra los ayuntamientos" o la recuperación del IBI sanitario, entre otras medidas.

Por último, la diputada socialista Estrella Gordillo ha admitido que "no esperaba ninguna actitud positiva del PP" ante este proyecto de ley, frente a lo que ha reafirmado el "compromiso de este gobierno en avanzar en elevar los estándares de calidad del servicio público", con el objetivo de hacer "una región competitiva, que sea capaz de aprovechar todas las oportunidades".